El caso de los cuatro menores desaparecidos en Guayaquil ha sacudido a Ecuador. Un subteniente de la Fuerza Aérea Ecuatoriana (FAE), John Henrry Z. E., es señalado como uno de los principales responsables en este crimen, investigado como desaparición forzada y tortura. Las revelaciones sobre agresiones físicas y psicológicas han generado indignación nacional.
El 8 de diciembre de 2024, Steven Medina (11 años), Josué Arroyo (14), Saúl Arboleda e Ismael Arroyo (ambos de 15) fueron detenidos tras una supuesta alerta de robo en el sector Las Malvinas, en el sur de Guayaquil. Sin embargo, nunca regresaron a casa. Según testimonios bajo cooperación eficaz de cuatro militares procesados, los adolescentes fueron brutalmente agredidos, desnudados y abandonados en una zona rural de Taura, cantón Naranjal, provincia del Guayas.
El subteniente John Henrry Z. E. está siendo señalado como el principal responsable de las agresiones físicas y psicológicas contra los menores. Testimonios indican que golpeó a los niños con correazos, disparó cerca de sus cuerpos como método de intimidación y filmó parte del ataque con su celular mientras pisaba a las víctimas.
Uno de los militares colaboradores relató que, al preguntarle al subteniente dónde dejarían a los adolescentes, este respondió: «Tranquilo, yo tengo una hueca». Esta declaración sugiere que nunca tuvieron intención de entregarlos a las autoridades policiales, violando así todos los protocolos establecidos.
Además del subteniente, otros tres militares un cabo, un sargento y un soldado están implicados directamente en las agresiones. Entre ellos figuran Rodrigo Raúl N. P., Ronald P. T. y el sargento Wilmer Danny L. C., quienes también enfrentan cargos por desaparición forzada.
Hallazgos clave en la investigación:
Durante una reconstrucción judicial realizada entre el 27 y 28 de abril de 2025, dos de los militares colaboradores identificaron el lugar exacto donde abandonaron a los menores. En el sitio, se encontraron prendas de vestir, como una pantaloneta azul y parte de una chompa, que están siendo analizadas para confirmar si pertenecían a las víctimas.
La Fiscalía también ordenó la revisión de un celular perteneciente a un familiar de uno de los implicados, donde podría estar almacenado el video grabado por el subteniente durante las agresiones. Además, cámaras de seguridad del peaje Durán-Tambo captaron parte del operativo militar, imágenes que serán analizadas en una audiencia reservada.
Este caso ha evidenciado graves fallas en el sistema de control militar y ha generado un debate nacional sobre la impunidad en las fuerzas armadas. La etapa de instrucción fiscal culminará el 30 de abril de 2025, fecha en la que se espera que se solicite la audiencia preparatoria de juicio contra los 16 militares procesados. Mientras tanto, las familias de las víctimas exigen justicia y respuestas claras sobre el paradero de los menores.
