La Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, recién aprobada y publicada, enfrenta su primera demanda de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional (CC). El denunciante, Gabriel Salvador Lema, argumenta que la normativa viola la Constitución y tratados internacionales suscritos por Ecuador.
El ciudadano Gabriel Salvador Lema presentó el pasado 12 de junio una demanda contra la Ley Orgánica de Solidaridad Nacional, cuestionando su constitucionalidad. Según el escrito, la norma adolece de siete irregularidades fundamentales, entre ellas, artículos que supuestamente estarían por encima de la Constitución, la violación del principio de unidad de materia y la asignación de atribuciones excepcionales al presidente de la República.
La demanda fue sorteada en la Corte Constitucional y quedó bajo la ponencia de la jueza Teresa Nuques. Salvador argumenta que la ley, promulgada tras ser enviada por el presidente Daniel Noboa el 17 de mayo, incluye reformas penales dentro de un proyecto de carácter económico, lo cual considera inapropiado. Además, señala que el concepto de «conflicto armado interno», utilizado como justificación para la normativa, no ha sido avalado por la Corte Constitucional y ha sido descartado en sentencias previas.
Otro de los puntos centrales de la demanda es la figura del indulto presidencial con efecto diferido, que según el denunciante contraviene la Constitución y las leyes vigentes. También critica los beneficios tributarios otorgados a quienes donen recursos a la fuerza pública, argumentando que esto afecta el carácter progresivo y equitativo del sistema tributario ecuatoriano.
El demandante solicita a la Corte Constitucional declarar la inconstitucionalidad de la ley y expulsarla definitivamente del ordenamiento jurídico. Además, pide notificar a la Asamblea Nacional sobre las supuestas ilegalidades cometidas durante la aprobación de la normativa, que contó con 84 votos a favor.
La Ley Orgánica de Solidaridad Nacional fue promulgada el 10 de junio tras ser aprobada con modificaciones por el Legislativo. La norma busca implementar proyectos sociales, incentivos económicos y medidas de protección de derechos, pero su aplicación ya genera controversia en el ámbito jurídico y político.
Mientras la Corte Constitucional analiza la demanda, la polémica en torno a la Ley de Solidaridad Nacional refleja las tensiones entre las necesidades urgentes del país y el respeto irrestricto a la Constitución y los derechos humanos. La decisión del tribunal será clave para determinar el futuro de esta normativa.
