La Ley de Integridad Pública, enviada por el presidente Daniel Noboa con carácter económico urgente, ha sido transformada en un texto amplio y diverso que incluye reformas al Código de la Niñez, a la Función Judicial, a la Ley de Tránsito y más. El Pleno de la Asamblea Nacional debatirá y votará este martes 24 de junio el informe definitivo, que ha sido duramente criticado por su alcance y heterogeneidad.
De una ley focalizada a un «Frankenstein legislativo»
La propuesta original de la Ley de Integridad Pública, enviada a la Asamblea el 27 de mayo, contaba con apenas 19 artículos enfocados en innovar la contratación pública y evaluar a funcionarios públicos. Sin embargo, tras pasar por la Comisión de Desarrollo Económico, liderada por legisladores oficialistas y aliados, el texto final incluye cerca de un centenar de cambios que abarcan temas tan diversos como penas para adolescentes infractores, operación de radares y peajes automáticos, nombramientos judiciales sin concurso y expulsión de extranjeros.
El resultado ha sido comparado con las famosas «leyes troles» de inicios de los 2000, debido a su extensión y variedad de temas incorporados, principalmente en las disposiciones reformatorias.
Cambios destacados en el informe final
- Endurecimiento de penas a menores infractores
La normativa endurece las sanciones a adolescentes que cometan delitos graves, aumentando el internamiento institucional de ocho a entre 10 y 12 años. En casos vinculados a grupos de delincuencia organizada, se aplicarían penas de 12 a 15 años. Además, se establece que aquellos que cumplan mayoría de edad seguirán cumpliendo su pena en una «sección especial» dentro del centro de adolescentes infractores, descartándose su traslado a cárceles comunes. - Radares y peajes automáticos
La Ley Orgánica de Transporte Terrestre será modificada para prohibir contratos con empresas privadas basados en los ingresos generados por multas de tránsito detectadas por radares. Estos acuerdos solo podrán cubrir el pago de equipos tecnológicos y servicios de mantenimiento. Además, se facultará al presidente de la República para reglamentar el uso obligatorio de peajes automáticos a nivel nacional en el contexto de un conflicto armado interno. - Jueces nombrados sin concurso por emergencia
Una de las reformas más polémicas afecta a la Función Judicial. Se plantea la posibilidad de declarar una «emergencia judicial» que permita nombrar jueces sin concurso, realizar evaluaciones anticipadas y contratar personal bajo un régimen especial sin estabilidad laboral. Esta decisión deberá ser aprobada por el Consejo de la Judicatura. - Expulsión de extranjeros
La Ley de Movilidad Humana también fue modificada. Actualmente, extranjeros condenados a penas superiores a cinco años son expulsados y prohibidos de regresar por una década. La nueva propuesta elimina el límite de cinco años y amplía la prohibición a 15 años. Además, en caso de conflicto armado interno, no será necesario que el extranjero haya cumplido su pena para proceder a su expulsión.
Críticas y preocupaciones
El texto ha generado descontento entre sectores políticos y sociales, quienes lo consideran una «ley trol» por su amplitud y falta de enfoque. Las modificaciones han sido interpretadas como intentos de centralizar poder en manos del Ejecutivo y limitar garantías constitucionales, especialmente en temas sensibles como justicia juvenil, derechos migratorios y control judicial.
El debate y votación de este martes marcarán un hito en la relación entre el Ejecutivo y la Asamblea. Mientras el oficialismo defiende las reformas como necesarias para enfrentar el conflicto armado interno, la oposición y sectores críticos advierten sobre el riesgo de erosionar derechos fundamentales y consolidar mecanismos de control político.
