El próximo 30 de junio, a las 09:00, el Tribunal emitirá su sentencia en el caso Reconstrucción de Manabí, donde el exvicepresidente Jorge Glas y Carlos Bernal, exsecretario del Comité de Reconstrucción, enfrentan una solicitud de pena máxima de 13 años de prisión por el presunto delito de peculado. La Fiscalía, junto con otras instituciones estatales, también pide una reparación integral de USD 225 millones.
Pena máxima solicitada
La Fiscalía General del Estado ha pedido la pena máxima de 13 años de prisión para ambos acusados , además de disculpas públicas y una reparación integral de USD 225 millones , equivalente al perjuicio económico que, según las investigaciones, se causó al Estado por la mala administración de fondos destinados a la reconstrucción tras el terremoto de abril de 2016.
El fiscal general, Wilson Toainga, afirmó que durante los cinco días de audiencia de juzgamiento quedó claro que tanto Glas como Bernal abusaron de los recursos entregados por los ecuatorianos para financiar proyectos impropios e inconsistentes con los objetivos de la Ley de Solidaridad. Según Toainga, estos recursos debían ser utilizados para garantizar derechos fundamentales como salud, vivienda, educación y reactivación económica en las zonas afectadas por el desastre.
Defensa de Jorge Glas
Durante su intervención ante el Tribunal, Jorge Glas negó categóricamente cualquier responsabilidad en el manejo irregular de los fondos. «Yo no me he robado un centavo porque no he asignado un dólar ni lo he administrado. Priorizar proyectos no es igual a contratarlos», declaró.
Glas aseguró que su rol fue exclusivamente político como delegado del entonces presidente Rafael Correa y que no tuvo injerencia operativa ni administrativa sobre los recursos asignados. «No administré ni las botellas de agua que se entregaban en las sesiones», enfatizó, argumentando que su participación se limitó a liderar estrategias macroeconómicas para la reconstrucción.
Para justificar sus decisiones, Glas hizo referencias históricas, como la Primera Guerra Mundial y el New Deal de Franklin Roosevelt, explicando que estas políticas contracíclicas fueron necesarias para enfrentar la crisis generada por el terremoto. «Señores magistrados, me estoy jugando la vida. La Fiscalía pretende enviarme 13 años a la cárcel por hacer mi trabajo», expresó visiblemente afectado.
Responsabilidad compartida
El exvicepresidente argumentó que si existieron obras inconclusas o mal ejecutadas, la responsabilidad debe atribuirse a administraciones posteriores, específicamente al gobierno de Lenín Moreno, que redujo el presupuesto asignado a la reconstrucción en mayo de 2017. Glas insistió en que su gestión duró cerca de un año y que las fallas surgieron después de que su equipo dejó de coordinar el proceso.
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Postura de la Procuraduría y el CPCCS
El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) y la Procuraduría General del Estado respaldaron la solicitud de la Fiscalía, subrayando la necesidad de que los acusados asuman la responsabilidad por el daño económico al Estado. Ambas instituciones coincidieron en que el presunto peculado no solo afectó las finanzas públicas, sino también la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de la reconstrucción.
El fallo del Tribunal será clave para determinar si Glas y Bernal son culpables de los cargos imputados. Mientras tanto, el caso sigue polarizando opiniones entre quienes consideran que hay responsabilidad directa en la malversación de fondos y quienes ven en este proceso un intento de criminalizar la política. El veredicto del 30 de junio marcará un precedente importante en la lucha contra la corrupción en Ecuador.
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