Representantes de la nacionalidad Waorani del Ecuador (NAWE) y organizaciones de la sociedad civil realizaron un plantón frente a la Corte Constitucional (CC) para reclamar el incumplimiento de la sentencia emitida tras la Consulta Popular de agosto de 2023. La manifestación, que tuvo lugar el 20 de agosto, buscaba presionar al organismo para que exija al Gobierno el cese de las actividades petroleras en el Bloque 43-ITT, ubicado en el Parque Nacional Yasuní.
Juan Bay, presidente de la NAWE, denunció que el Gobierno no ha acatado el mandato popular. La sentencia de la Consulta ordenó mantener el petróleo del bloque en el subsuelo, con un cronograma que estipulaba el cierre y desmantelamiento de las actividades en un plazo máximo de un año después de los resultados. Es decir, hasta el 31 de agosto de 2024. Sin embargo, los manifestantes señalan que, de los 246 pozos existentes, solo se han cerrado 10.
Incumplimiento y cronograma tardío
El documento entregado a la Corte Constitucional detalla las principales preocupaciones de la comunidad waorani y las organizaciones como Ecos del Yasuní y Acción Ecológica:
- Falta de avance en el cierre: El proceso de desmantelamiento no ha progresado en los términos y plazos establecidos por la Corte.
- Desacato a organismos internacionales: Se denuncian indicios de incumplimiento de las recomendaciones de organismos internacionales y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).
- Violación del principio de interculturalidad: Las decisiones gubernamentales no han considerado la cosmovisión y los derechos de las comunidades indígenas.
- Falta de respuesta de la Corte: La Corte Constitucional no ha respondido a una solicitud previa presentada por la nacionalidad Waorani en agosto de 2024.
Según información proporcionada por Petroecuador, se prevé cerrar otros 48 pozos en 2025. No obstante, el cronograma oficial del Gobierno proyecta que el cierre total de los pozos se completaría recién en diciembre de 2029, con actividades complementarias que se extenderían hasta 2034. Este plazo de cinco años contrasta drásticamente con el mandato de un año establecido por la Corte Constitucional, lo que ha generado la indignación de los grupos ambientalistas e indígenas.
