La portavoz de la Presidencia, Carolina Jaramillo, reiteró este lunes 29 de septiembre de 2025 que el Gobierno de Daniel Noboa no negociará ni revertirá la eliminación del subsidio al diésel, medida que ha desatado un paro nacional con graves consecuencias: un manifestante fallecido, 12 militares heridos y 17 uniformados «desaparecidos». En su rueda de prensa semanal, Jaramillo defendió la decisión como un paso para focalizar beneficios en «quienes más lo necesitan», argumentando que retroceder equivaldría a perpetuar subsidios mal dirigidos.
Jaramillo se refirió específicamente a los incidentes en Cotacachi, Imbabura, donde el comunero kichwa Efraín Fuerez perdió la vida durante enfrentamientos el fin de semana. «El Gobierno rechaza tajantemente los actos de violencia en Cotacachi», declaró, calificando las protestas como «terroristas disfrazados» y justificando el uso progresivo de la fuerza por parte de los militares para proteger un convoy humanitario. «Los servidores han actuado en defensa de la gente que necesitaba ayuda», enfatizó, en un contexto donde la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos (Inredh) denunció el «uso letal e ilegítimo de la fuerza» contra manifestantes indígenas, exigiendo respeto al derecho a la protesta.
El paro, convocado por la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie), entra en su octavo día con demandas que van más allá del diésel —elevado a USD 2.80 por galón—, incluyendo la reducción del IVA del 15% al 12%, el fin de leyes «antipopulares» y la oposición a la consulta popular del 16 de noviembre. Hasta ahora, las manifestaciones han dejado 90 detenidos, con 17 investigados por terrorismo, y bloqueos viales en la Sierra norte (dato de referencia: Ministerio del Interior). Inredh, en un comunicado del 28 de septiembre, rechazó la represión y llamó a un alto al uso de fuerza letal contra pueblos indígenas.
La postura inflexible del Gobierno contrasta con la escalada de violencia, que incluye emboscadas a militares y ataques a convoys, en un Ecuador con pobreza al 28% y un aumento del 15% en costos de vida por el alza del combustible (dato de referencia: INEC). Mientras Noboa mantiene operativos de seguridad, la Conaie insiste en la resistencia pacífica, y organizaciones como Inredh demandan investigaciones independientes para esclarecer la muerte de Fuerez y otros incidentes.
