El presidente de la Asamblea Nacional, Niels Olsen, oficializó la noche de este 18 de diciembre de 2025 el llamado a comparecencia de Mario Godoy Naranjo, titular del Consejo de la Judicatura (CJ). El funcionario deberá rendir cuentas ante el Pleno Legislativo sobre las graves denuncias de amenazas contra el juez Carlos Serrano, presuntamente vinculadas a un caso de narcotráfico internacional.
El origen de la controversia La solicitud de fiscalización surge tras la renuncia del juez anticorrupción Carlos Serrano, quien denunció públicamente haber recibido presiones y amenazas por parte de un supuesto funcionario del Consejo de la Judicatura. El caso cobra relevancia política debido a que las intimidaciones provendrían del entorno de un narcotraficante de origen serbio, quien en el pasado fue patrocinado legalmente por Dolores Vintimilla, esposa del actual presidente de la Judicatura, Mario Godoy.
Procedimiento legislativo Mediante un memorando oficial, Olsen instruyó a la Secretaría General de la Asamblea para que el pedido sea conocido por el Pleno. Esta iniciativa cuenta con el respaldo de la bancada de Acción Democrática Nacional (ADN) y se fundamenta en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, que faculta al Parlamento a ejercer control político sobre los funcionarios del Estado.
Olsen subrayó que este proceso se llevará a cabo bajo un estricto respeto al orden constitucional. El siguiente paso será la votación en el Pleno para definir la fecha, hora y la modalidad (presencial o virtual) en la que Godoy deberá presentar sus descargos.
Contexto del control político Este llamado ocurre en un momento de alta sensibilidad social respecto a la transparencia en el sistema judicial ecuatoriano. Representa, además, una de las acciones de fiscalización más significativas de la actual administración legislativa liderada por Niels Olsen desde su posesión en mayo pasado.
