En un acto liderado por la vicepresidenta María José Pinto y el ministro del Interior, John Reimberg, el Gobierno Nacional entregó a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley Orgánica Reformatoria para Prevenir y Erradicar el Reclutamiento, Uso y Utilización de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA). La propuesta surge como respuesta al alarmante incremento del 627% en los homicidios de menores entre 2019 y 2024, muchos de ellos vinculados a dinámicas criminales.
Giro en el Código Penal y Protección de Identidad La reforma más agresiva se centra en el Código Orgánico Integral Penal (COIP). El Ejecutivo propone que los adultos que recluten a menores para actividades delictivas ya no enfrenten penas de 10 a 13 años, sino sanciones endurecidas que oscilan entre los 22 y 26 años de prisión. Además, se busca evitar la impunidad permitiendo que las denuncias por reclutamiento y extorsión se realicen bajo reserva de identidad, protegiendo así a las familias y comunidades que temen represalias.
Un enfoque integral más allá de la cárcel El ministro Reimberg enfatizó que el crimen organizado utiliza a la niñez como un «escudo legal» para evadir la justicia. Por ello, la ley no solo castiga, sino que reforma 11 cuerpos normativos, incluyendo leyes de educación, salud, cultura y deporte. El objetivo es crear un entorno preventivo que ofrezca proyectos de vida reales a los jóvenes en territorios priorizados, evitando que las bandas sean su única opción de subsistencia.
