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Impacto político: Allanamientos en Pichincha y Guayas por el Caso Caja Chica

El escenario político de Ecuador se ve nuevamente convulsionado tras el destape del Caso Caja Chica. Este 28 de enero de 2026, la Fiscalía General del Estado inició una serie de operativos por un presunto delito de lavado de activos que apunta directamente a la cúpula de la Revolución Ciudadana (RC). Según la tesis fiscal, se habrían ingresado flujos de dinero ilícito en efectivo desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de 2023.

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Allanamientos y filtraciones La investigación, que se mantiene bajo reserva en su fase de indagación previa, derivó en tres allanamientos simultáneos en las provincias de Pichincha y Guayas. Durante las diligencias, las autoridades incautaron dispositivos móviles, memorias USB, pasaportes y documentos que serían clave para determinar la ruta del dinero.

A pesar del hermetismo judicial, el expresidente Rafael Correa filtró a través de sus redes sociales un documento que identifica a los ocho personajes principales que están siendo rastreados por la justicia, a raíz de una denuncia reservada presentada en octubre de 2025.

Los rostros detrás de la investigación La lista de los ocho investigados incluye figuras de alto perfil del movimiento correísta:

  • Rafael Correa y Andrés Arauz: El líder del movimiento y su exbinomio vicepresidencial. Ambos enfrentan ya otros procesos legales previos.
  • Luisa González: La excandidata presidencial de 2023, quien calificó las acciones como un intento de «eliminar a los opositores».
  • Patricio Rivera y Fausto Herrera: Exministros de Finanzas y asesores económicos vinculados estrechamente con la gestión de Nicolás Maduro en Venezuela.
  • Bibian Hernández: Abogada relacionada con los casos Metástasis y Amistad.
  • Patricio Chávez y Suad Manssur: Personajes de extrema confianza de Correa con roles clave en la Asamblea y la administración pública.

El Ministerio Público busca determinar si el capital extranjero fue bancarizado o utilizado directamente en la logística electoral, lo que constituiría una grave infracción al control de lavado de activos y financiamiento político.

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