La Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME) oficializó este 4 de febrero de 2026 su respaldo al proyecto de ley urgente enviado por el Ejecutivo, el cual busca garantizar que los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD) prioricen la obra pública sobre el gasto corriente. La propuesta plantea una regla fiscal estricta: destinar un mínimo del 70% del presupuesto a inversión y servicios básicos, limitando el gasto operativo al 30%.
¿Adiós a los gastos en fiestas? Durante su comparecencia ante la Comisión de Desarrollo Económico, la presidenta de la AME, Yuri Colorado, defendió la importancia de las festividades locales como motores de reactivación económica y memoria histórica. No obstante, la asambleísta Valentina Centeno (ADN) cuestionó que se destinen «millones de dólares» a eventos sociales mientras persisten carencias en servicios básicos.
El objetivo del Gobierno es evitar que los recursos se diluyan en promoción de autoridades o festejos excesivos, asegurando que el dinero llegue a infraestructura, mantenimiento y reposición de servicios públicos.
El reto de la regla 70/30 Pese al apoyo general, la AME presentó datos preocupantes. Tras un primer análisis técnico, se determinó que 41 de las 222 alcaldías del país no estarían en condiciones de cumplir con esta meta para el año 2027. Ante esto, la AME propuso tres ajustes clave:
- Flexibilidad en los plazos: Una implementación progresiva según la realidad de cada municipio.
- Revisiones cuatrimestrales: Alinear el control de metas con el recálculo del modelo de equidad territorial.
- Recategorización técnica: Que el pago a equipos técnicos especializados sea considerado inversión y no gasto corriente.
Deuda pendiente y bonos de alivio La discusión también abordó la crítica situación financiera de los cabildos. Actualmente, el Gobierno Central adeuda cerca de USD 600 millones a los municipios por asignaciones pendientes de noviembre, diciembre y enero.
Colorado aseguró que existe un compromiso del presidente Daniel Noboa para saldar estos valores. Los recursos provendrían de la reciente emisión de bonos por USD 4.000 millones, anunciada a finales de enero, lo que permitiría a las alcaldías tener liquidez para enfrentar las nuevas exigencias de la ley.
Dato de referencia: El COOTAD ya establece directrices sobre la calidad del gasto, pero la nueva ley urgente de Noboa busca dar «trazabilidad y rendición de cuentas» inmediata al uso de los fondos públicos.
