En una jornada cargada de simbolismo y esperanza, la Asamblea Nacional de Ecuador aprobó este 4 de febrero de 2026 la Ley Orgánica para la Atención Integral del Cáncer. Con una votación unánime de 142 voluntades durante la sesión 066 del Pleno, el país establece un marco legal sin precedentes que no solo garantiza derechos a los pacientes, sino que, por primera vez, otorga protección jurídica integral a los cuidadores, madres y padres de menores que luchan contra esta enfermedad.
Protección laboral para cuidadores: El fin de una encrucijada Uno de los pilares fundamentales de esta normativa se encuentra en su Artículo 32, el cual instaura la protección laboral reforzada. Esta medida asegura que quienes ejerzan el cuidado principal de niñas, niños y adolescentes con diagnóstico oncológico puedan acceder a licencias remuneradas para acompañar tratamientos, hospitalizaciones y consultas médicas. Además, la ley exige la implementación de horarios flexibles o teletrabajo (según la naturaleza del cargo) y prohíbe estrictamente cualquier tipo de discriminación o represalia laboral, evitando que las familias deban elegir entre la salud de sus hijos y su sustento económico.
Un triunfo de la sociedad civil y la iniciativa popular La aprobación coincide con el Día Mundial contra el Cáncer y representa el culmen de un proceso iniciado en 2018 bajo el Acuerdo Nacional Contra el Cáncer. Según la Fundación Cecilia Rivadeneira, esta es la primera ley de iniciativa popular que llega al Legislativo, consolidando años de movilización social. El acto estuvo marcado por el emotivo «toque de la campana de la esperanza» en el centro del Pleno, simbolizando la victoria de miles de familias ecuatorianas.
Enfoque humano y salud mental La asambleísta Annabella Azín, proponente del proyecto, destacó que la ley busca humanizar el sistema público de salud. El texto legal establece directrices para la detección temprana, diagnóstico oportuno, cuidados paliativos y seguimiento, con un enfoque especial en la reducción de las «peregrinaciones médicas» y los costos operativos del sistema. Asimismo, se fortalece el soporte en salud mental para las familias, reconociendo al cuidador como un sujeto de derechos esencial en el proceso de recuperación del paciente.
