La asambleísta por la provincia de Chimborazo, Patricia Núñez, presentó una denuncia pública respecto al contenido de la Ley de Urgencia Económica remitida por el Ejecutivo. Según la legisladora, este proyecto de ley, que ya fue calificado por el Consejo de Administración Legislativa (CAL) y enviado a la Comisión de Desarrollo Económico, carece de constitucionalidad y de carácter urgente. Núñez sostiene que la normativa busca aplicar un recorte significativo a los recursos de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD), lo que afectaría directamente la ejecución de obras y servicios básicos en todo el país.
Análisis de la reducción presupuestaria
Durante su intervención, la asambleísta Núñez detalló, mediante cifras oficiales, el impacto económico que tendría la aprobación de esta ley. Según las proyecciones presentadas, la disminución de recursos a nivel nacional alcanzaría los 1.000 millones de dólares, distribuidos de la siguiente manera:
- Juntas Parroquiales: Reducción de aproximadamente $57 millones.
- Municipios: Recorte de $649 millones.
- Consejos Provinciales: Disminución de $261 millones.
La regla del 70/30 y el «castigo» financiero
El núcleo de la controversia radica en la aplicación de la regla presupuestaria que exige que el 70% del presupuesto se destine a inversión y el 30% a gasto corriente. Núñez explicó que, si bien esta norma ya consta en la Constitución, el nuevo proyecto de ley redefine qué rubros se consideran inversión.
Actualmente, muchos GAD cargan a inversión proyectos de salud, educación, estudios técnicos y personal para escuelas vacacionales. La nueva ley prohibiría esto, obligando a que dichos gastos pasen al rubro de gasto corriente. Al superar el límite del 30%, los GAD enfrentarían una sanción: su participación en los ingresos permanentes del Estado se reduciría del 21% al 15%, y en los ingresos no permanentes del 10% al 5%.
«Será imposible que los GAD cumplan con la regla 70/30 bajo estas nuevas condiciones. Esto no es solo un golpe financiero, es un castigo que dejará a la ciudadanía sin personal en salud, educación y sin presupuesto para vialidad, riego o agua potable», afirmó la legisladora.
Deuda estatal y acciones legislativas
La asambleísta también recordó que el Gobierno Central mantiene una deuda vigente con los GAD que supera los 1.000 millones de dólares, de los cuales $28 millones corresponden específicamente a la provincia de Chimborazo.
Ante este escenario, la bancada de Núñez ha tomado las siguientes medidas:
- Preparación de un informe de minoría en la Asamblea Nacional.
- Propuesta de archivo de la ley.
- Interposición de una acción pública de inconstitucionalidad contra la ley económica y las reformas en materia de minería, argumentando falta de protección ambiental.
Falta de respuesta local y convocatoria nacional
Núñez lamentó el silencio de las autoridades locales de Chimborazo. Pese a haber enviado comunicados hace cuatro días solicitando un pronunciamiento, no ha recibido respuesta de ningún GAD provincial. Asimismo, criticó a la presidenta de la Comisión de Desarrollo Económico por, presuntamente, negar la participación de alcaldes y prefectos en el debate.
Para el próximo miércoles, se ha convocado a una reunión nacional y concentración en la Asamblea Nacional, con el fin de que los representantes de los GAD expongan su postura ante la comisión y exijan el respeto a sus presupuestos.
