El proceso de fiscalización contra el presidente del Consejo de la Judicatura (CJ), Mario Godoy, entra en una fase de alta complejidad técnica. Este viernes 13 de febrero de 2026, la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional sesionará para formalizar una solicitud de prórroga de cinco días ante el presidente del Legislativo, Niels Olsen. La medida busca garantizar un análisis exhaustivo de la masiva carga documental acumulada durante el proceso.
Análisis técnico vs. urgencia política El asambleísta Ferdinan Álvarez (ADN), presidente de la mesa, justificó el pedido señalando que el equipo técnico debe procesar más de 7 000 documentos presentados en la etapa de actuación de prueba. «Necesitamos entregar un informe jurídicamente sólido», puntualizó Álvarez. De aprobarse la extensión, la comisión tendrá como fecha límite el miércoles 18 de febrero para presentar su recomendación sobre si Godoy debe o no ser llamado a juicio político.
Tensión en el Legislativo Mientras el oficialismo apela a la rigurosidad técnica, la bancada de la Revolución Ciudadana (RC) presiona por una resolución inmediata. La asambleísta Viviana Veloz, proponente del juicio, sostiene que las pruebas —incluyendo los recientes testimonios sobre presuntas presiones a jueces— son suficientes para la censura y destitución. Veloz ha cuestionado duramente la gestión de Godoy y la reciente designación de un presidente temporal en la Judicatura, calificándola de irregular.
El destino final: El Pleno de la Asamblea Independientemente del sentido del informe (archivo o juicio), la decisión final recaerá sobre los 151 legisladores en el Pleno. La vicepresidenta de la mesa, Ana Belén Tapia, recordó que el informe es un insumo, pero es la votación soberana de la Asamblea la que determinará el futuro de Godoy. Tras la difusión del documento, el presidente Niels Olsen contará con cinco días para incluir el punto en el orden del día.
