La tarde de este viernes 20 de febrero de 2026, el Pleno de la Asamblea Nacional dio inicio al tratamiento del informe para el primer debate del proyecto de Ley Orgánica para el Fortalecimiento de los Sectores Estratégicos de Minería y Energía. Esta iniciativa, remitida por el Ejecutivo con el carácter de urgente en materia económica, busca reformar las normativas vigentes para dinamizar la inversión y el control en áreas clave para el Estado ecuatoriano.
Proceso legislativo y respaldo en comisión
El documento llegó al Pleno tras recibir la aprobación de la Comisión de Desarrollo Económico, Productivo y la Microempresa, donde contó con seis votos a favor. Con este respaldo, el texto se somete al procedimiento legislativo abreviado que rige para los proyectos económicos urgentes, obligando a los legisladores a agilitar el análisis de sus alcances.
Reformas estructurales en Minería
La propuesta legal establece un marco normativo especial para la minería en todo el país. Entre los puntos más destacados se encuentran:
- Claridad administrativa: Regulación precisa de los actos administrativos previos a la extracción.
- Actualización de tasas: Modificaciones al régimen de patentes de conservación y mayor precisión en las etapas de exploración y explotación.
- Sistema de regalías: Redefinición de los beneficios económicos para garantizar una participación justa del Estado.
- Incentivos a la inversión: Creación de clústeres mineros integrales y promoción de seguridad jurídica para la articulación público-privada.
- Seguridad Estratégica: Implementación de medidas para proteger infraestructura, activos y personal frente a actividades ilícitas.
Transformación del Sector Eléctrico
En el ámbito energético, el proyecto plantea reformas a la Ley Orgánica del Servicio Público de Energía Eléctrica. El objetivo central es robustecer la planificación sectorial y regular la generación distribuida para autoabastecimiento. Asimismo, se abren las puertas a la participación excepcional de empresas privadas, estatales extranjeras y organizaciones de la economía popular y solidaria, siempre bajo la estricta rectoría y control estatal.
Oposición de colectivos ambientales
Pese a los objetivos económicos planteados, la Coordinadora Ecuatoriana de Organizaciones para la Defensa de la Naturaleza y el Medio Ambiente (Cedenma) ha solicitado el archivo definitivo del proyecto. El colectivo argumenta que la propuesta vulnera derechos fundamentales, como el acceso al agua, la participación ciudadana y los derechos de la naturaleza.
Cedenma ha expresado su preocupación por lo que consideran vicios de inconstitucionalidad, especialmente en temas relacionados con la simplificación de licencias ambientales y el silencio administrativo positivo. Ante esto, han solicitado que la Asamblea garantice procesos de participación efectiva y someta el texto a un control preventivo de constitucionalidad antes de cualquier resolución final.
