En una jornada marcada por intensos debates y movilizaciones sociales, el Pleno de la Asamblea Nacional aprobó este 20 de febrero de 2026 la Ley para la Sostenibilidad y Eficacia del Gasto de los Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD). La normativa, enviada por el presidente Daniel Noboa con carácter de económico urgente, obtuvo los 77 votos necesarios para su aprobación, gracias a una ajustada alianza entre la bancada oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) y legisladores independientes.
El núcleo de la reforma: 70/30 en el presupuesto
El objetivo central de la ley es reestructurar las finanzas de municipios y prefecturas. La norma establece que, de manera progresiva, los GAD deberán destinar el 70 % de sus recursos a inversión en obra pública y limitar el gasto corriente al 30 %.
Sin embargo, el punto más polémico radica en la exclusión de la partida presupuestaria 71 del rubro de inversión. Esta partida es la que permite la contratación de personal técnico y operativo para la ejecución de proyectos. Líderes locales, como la prefecta de Pichincha, Paola Pabón, y el alcalde de Quito, Pabel Muñoz, sostienen que esta medida paralizará la capacidad operativa de los gobiernos locales y afectará servicios básicos.
Oposición y advertencias de inconstitucionalidad
La aprobación no contó con el respaldo de la Revolución Ciudadana (correísmo), el Partido Social Cristiano (PSC) y una facción de Pachakutik, quienes votaron en contra. Los sectores de oposición argumentan que la ley violenta la autonomía financiera garantizada en la Constitución y que fue tramitada sin una socialización adecuada con los territorios.
Ante esto, la bancada del correísmo y la prefecta Pabón anunciaron que presentarán demandas de inconstitucionalidad ante la Corte Constitucional. Por su parte, la legisladora Liliana Durán advirtió que la rigidez de la fórmula presupuestaria podría generar un estancamiento territorial y reducir el empleo en los municipios más pequeños.
Defensa oficialista y apoyo gremial
Desde el oficialismo, la ministra de Gobierno, Nataly Morillo, y la asambleísta Valentina Centeno defendieron la ley asegurando que pondrá fin al «despilfarro» en fiestas y burocracia. Centeno subrayó la urgencia de priorizar obras como el acceso a agua potable, señalando que millones de ecuatorianos aún carecen de servicios de calidad.
Por otro lado, la Asociación de Municipalidades del Ecuador (AME), liderada por Yuri Colorado, manifestó su apoyo a la reforma, aunque reconoció que la exclusión de la partida 71 es un error técnico. La AME anunció una hoja de ruta para brindar asistencia técnica a los municipios en la implementación de estos nuevos parámetros legales.
