La Comisión Especializada Permanente de Justicia y Estructura del Estado de la Asamblea Nacional marcó un hito este jueves 26 de febrero de 2026, al aprobar el borrador del informe para el primer debate del Proyecto de Ley Orgánica de Extradición. Con una votación de siete voluntades a favor y tres en contra, el documento técnico será remitido de inmediato al Pleno legislativo para su análisis y tratamiento correspondiente, buscando operativizar el mandato ciudadano expresado en las urnas.
Un sistema judicial con 26 años de rezago
La propuesta legislativa surge como una respuesta urgente a una problemática estructural que ha paralizado la justicia internacional en el país. Según los datos presentados durante la sesión número 63 de la mesa parlamentaria, más de dos tercios de los procesos de extradición iniciados entre los años 2019 y 2024 permanecen sin resolución. Esta acumulación de requerimientos pendientes evidencia fallos críticos en el sistema actual, el cual no ha experimentado reformas integrales en más de dos décadas y media.
Durante el desarrollo de la sesión, se identificaron los nudos críticos que traban la cooperación judicial:
- Documentación incompleta en los expedientes procesales.
- Falta de uniformidad en los requisitos exigidos a los Estados solicitantes.
- Incumplimiento sistemático de los plazos establecidos.
- Ausencia de parámetros legales claros y una deficiente articulación interinstitucional.
Detalles de la votación y posturas políticas
La sesión contó con el cuórum reglamentario de diez asambleístas. El informe fue respaldado por los legisladores Rosa Torres, Fernando Nantipia, Josebeth Jaramillo, Gabriela Molina, Marco Olmedo, Esteban Torres y Nuvia Vega. En contraste, los asambleístas Eliana Correa, Keevin Gallardo y César Palacios consignaron su voto en contra de la moción.
La asambleísta Rosa Torres, defensora del proyecto, enfatizó que la normativa es una «prioridad administrativa» para romper el cerrojo de impunidad. Subrayó que el marco normativo vigente no ha sido actualizado en 26 años, lo que ha facilitado el estancamiento de las causas.
Hacia una reestructuración del proceso de extradición
El borrador aprobado propone una reforma administrativa profunda. Entre los cambios principales se plantea la creación de canales de comunicación directos entre la Corte Nacional de Justicia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y las autoridades policiales. El objetivo central es reducir los tiempos de respuesta y garantizar que cada requerimiento cumpla estrictamente con los tratados internacionales antes de su ejecución.
Este trámite legislativo es la consecuencia directa de la Consulta Popular de 2024, donde el electorado ecuatoriano votó a favor de permitir la extradición de connacionales. Con este nuevo diseño legal, se pretende eliminar los vacíos jurídicos que suelen ser utilizados por las defensas para dilatar las entregas de ciudadanos requeridos por la justicia internacional.
