El proceso para la designación del nuevo Fiscal General del Estado ha alcanzado un punto de inflexión. Hasta el corte de las 16:20 de este martes 3 de marzo de 2026, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) oficializó la recepción de 37 expedientes de profesionales del Derecho que aspiran a liderar el Ministerio Público en el próximo periodo.
Aunque la cifra es significativa, las autoridades del Consejo advierten que el número es preliminar. Se prevé un incremento en la lista de postulantes antes del cierre definitivo del plazo legal a la medianoche de hoy. El conteo total deberá integrar, además, las carpetas ingresadas a través de las delegaciones en el exterior, las cuales serán consolidadas tras concluir la jornada.
Radiografía de las candidaturas: Centralismo y brecha de género
Un análisis detallado de las inscripciones actuales revela una marcada concentración geográfica en la capital del país. De los 37 postulantes registrados, 23 provienen de la provincia de Pichincha, lo que representa más del 60% del total. El resto de las candidaturas se distribuye de la siguiente manera:
- Guayas: 3 aspirantes.
- El Oro, Cotopaxi y Los Ríos: 2 postulantes por cada provincia.
- Azuay, Esmeraldas, Loja, Pastaza y Santo Domingo de los Tsáchilas: 1 postulante por jurisdicción.
En términos de paridad, el concurso refleja una brecha de género pronunciada en su etapa inicial: de la lista actual, 27 son hombres y 10 son mujeres. Entre los nombres que ya figuran en el registro oficial destacan juristas como Luis Manuel Flores Idrovo (Azuay), Silvia Karina Guanopatin Mendoza (Guayas), además de Walter Samno Macías Fernández, Inés Maritza Romero Estévez y Diego José Romero Oseguera, todos de la provincia de Pichincha.
Fases técnicas y derecho al debido proceso
Una vez clausurado el sistema de inscripción, la Comisión Ciudadana de Selección asumirá la responsabilidad técnica del proceso. Este organismo contará con un plazo de 10 días para realizar una revisión exhaustiva de cada expediente, con el fin de verificar que los candidatos cumplan con los requisitos y no incurran en inhabilidades o prohibiciones legales.
Posteriormente, en un lapso de tres días, se publicará el listado oficial de admitidos. Los aspirantes que resulten descalificados tendrán un término de tres días adicionales para interponer recursos de reconsideración, garantizando así la transparencia y el debido proceso en esta designación vital para la estructura judicial del Ecuador.
