Este martes 10 de marzo de 2026, la Corte Constitucional de Ecuador emitió un fallo trascendental al declarar que los cuatro menores afrodescendientes detenidos por militares en diciembre de 2024 fueron víctimas de desaparición forzada. Con esta decisión, el máximo tribunal acepta la acción extraordinaria de protección presentada por las familias de Ismael, Josué, Saúl y Steven, cuyas vidas fueron cegadas tras una detención irregular en el sur de Guayaquil.
El Estado contra la impunidad Los magistrados determinaron que los niños fueron privados de su libertad de forma ilegal, arbitraria e ilegítima por patrullas militares. La sentencia subraya que, incluso bajo el contexto de ‘conflicto armado interno’ y estados de excepción, los derechos a la vida y a la integridad personal son inviolables. El tribunal criticó que el Estado no proporcionó información inmediata ni convincente sobre el paradero de los menores tras su captura.
Reparaciones y memoria histórica Además de ratificar la responsabilidad estatal, la Corte ordenó medidas de reparación integral que buscan sentar un precedente:
- Disculpas Públicas: El Comandante de la Fuerza Aérea deberá ofrecer disculpas oficiales en un plazo de dos meses.
- Día de la Memoria: Se declara el 8 de diciembre como día en memoria de los menores asesinados.
- Museo de la Memoria: El Ministerio de Educación deberá crear un espacio específico para visibilizar el caso.
- Indemnización: El Ministerio de Defensa deberá resarcir económicamente a los padres de las víctimas.
- Reformas: Se exige la modificación de protocolos internos y leyes para evitar que estos hechos se repitan.
Este fallo llega después de que 16 militares fueran sentenciados penalmente en diciembre de 2024, con penas de hasta 34 años de prisión para los autores directos del crimen.
