La diligencia judicial programada para este viernes 13 de marzo de 2026, en la que se pretendía formalizar cargos contra el alcalde Aquiles Álvarez por el supuesto incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad, no logró instalarse. El proceso, que investiga el presunto mal uso de un dispositivo de vigilancia electrónica (grillete), ha sido reprogramado, lo que añade una nueva capa de complejidad a la situación legal que enfrenta el burgomaestre.
Razones del diferimiento y sanciones procesales
De acuerdo con el reporte oficial de la Fiscalía General del Estado, la audiencia no pudo ejecutarse debido a la incomparecencia de la defensa técnica del funcionario. Ante esta ausencia, el magistrado a cargo de la causa dispuso una sanción económica de tres salarios básicos unificados contra la abogada defensora.
Asimismo, la justicia ha fijado una nueva fecha para la instalación de esta diligencia: el próximo lunes 16 de marzo, a partir de las 13:00.
Detalles de la acusación: El uso del grillete electrónico
Este nuevo frente judicial se fundamenta en el artículo 282 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), el cual sanciona el desacato a órdenes de autoridad competente con penas que oscilan entre uno y tres años de privación de libertad.
La investigación surge de informes técnicos elaborados por Criminalística y el sistema penitenciario, los cuales habrían detectado irregularidades en el dispositivo de vigilancia que Álvarez debe portar como medida cautelar de procesos previos. Entre los hallazgos reportados constan:
- Presuntas alteraciones físicas en el equipo, incluyendo la extracción de tornillos de seguridad.
- Presencia de cinta aislante en el mecanismo del dispositivo.
- Reportes de que el grillete fue hallado fuera del alcance del procesado (específicamente en el suelo de una habitación), contraviniendo las disposiciones judiciales de monitoreo constante.
Contexto: El Caso Goleada y la situación cautelar
A la par de este proceso, el alcalde continúa vinculado al denominado Caso Goleada, donde se investiga una presunta estructura de delincuencia organizada relacionada con lavado de activos y defraudación tributaria.
En una diligencia reciente de apelación dentro de dicho caso, la defensa de Álvarez solicitó formalmente la revocatoria de la prisión preventiva dictada el pasado 11 de febrero, planteando como alternativa la sustitución por presentaciones periódicas ante la autoridad. No obstante, el Tribunal decidió suspender dicha sesión y notificará próximamente su resolución definitiva sobre el cambio de medidas cautelares.
