La situación jurídica del alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, se tornó aún más crítica este lunes 16 de marzo de 2026. El juez José Intriago Williams, de la Unidad Judicial de Samborondón, dictó una tercera orden de prisión preventiva en su contra, esta vez por el presunto delito de incumplimiento de decisiones legítimas de autoridad competente.
El dispositivo en el piso: La prueba de Fiscalía
Esta nueva instrucción fiscal se origina de un informe policial del pasado 10 de febrero, durante un allanamiento a la vivienda del burgomaestre por el denominado Caso Goleada. Según la Fiscalía General del Estado, los agentes constataron que el dispositivo de vigilancia electrónica (grillete) no estaba colocado en la pierna del funcionario, sino que se encontraba en el piso de su habitación.
El informe detalla que Alvarez se habría colocado el dispositivo recién en presencia de los uniformados. Ante este indicio de manipulación, el magistrado consideró que la medida cautelar de vigilancia electrónica ya no garantiza su comparecencia a juicio, ratificando su permanencia en la cárcel de máxima seguridad «El Encuentro», en Santa Elena.
Defensa alega «pena anticipada»
Ramiro García, abogado defensor del alcalde, calificó la medida como desproporcionada. Argumentó que el delito tipificado en el artículo 282 del COIP tiene una pena de uno a tres años, por lo que dictar prisión preventiva sobrepasa la lógica jurídica. «Se está utilizando la prisión preventiva como una forma de pena anticipada», sentenció la defensa.
El cerco judicial: Tres frentes abiertos
Con la resolución de este lunes, Aquiles Alvarez enfrenta un escenario legal sin precedentes con tres órdenes de prisión vigentes:
- Caso Triple A: En fase de juzgamiento (Quito será la sede).
- Caso Goleada: En fase de instrucción fiscal (presunto lavado de activos vinculado a Barcelona SC).
- Caso Grillete: Por el incumplimiento de la medida cautelar (iniciado hoy).
Pese a los pedidos de la defensa, el juez negó el arresto domiciliario al confirmar que el procesado no padece enfermedades catastróficas que justifiquen su salida del centro penitenciario.
