El panorama electoral para Revolución Ciudadana (RC) se oscurece. Este 26 de marzo de 2026, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) inadmitió un recurso clave presentado por su presidenta nacional, Gabriela Rivadeneira, con el que buscaba levantar la suspensión de nueve meses que pesa sobre la organización política.
Un revés judicial determinante
El juez Patricio Maldonado argumentó que carece de competencia para interferir en una resolución que deriva de una disposición previa de la propia justicia electoral. Cabe recordar que la suspensión fue ejecutada por el CNE tras el pedido del juez Joaquín Viteri, en el marco de las investigaciones de la Fiscalía General del Estado.
Con esta decisión, el movimiento liderado por Rafael Correa suma su tercer intento fallido por recuperar su personería jurídica, lo que pone en riesgo extremo la aparición del número 5 y el color azul turquesa en la papeleta de las elecciones de febrero de 2027.
El Caso «Caja Chica»: La sombra del financiamiento ilícito
La suspensión nace de una investigación por presunta delincuencia organizada y lavado de activos. La Fiscalía rastrea el ingreso de dinero ilícito desde Venezuela para financiar la campaña presidencial de Luisa González en 2023.
El proceso se sustenta en la delación de Santiago Díaz Asque, quien asegura haber trasladado los fondos. Entre los principales investigados figuran:
- Rafael Correa (Expresidente)
- Luisa González (Excandidata presidencial)
- Andrés Arauz (Excandidato vicepresidencial)
- Exministros y asambleístas del movimiento.
Allanamiento a la sede central
La presión judicial subió de tono el pasado 28 de febrero, cuando la Fiscalía allanó la sede de RC en Quito y las viviendas de sus principales figuras. Mientras Rivadeneira asegura que «participarán en la elección de gobiernos locales», los plazos electorales se agotan y la estructura jurídica del partido permanece bloqueada.
