En una intervención estratégica ejecutada este martes 31 de marzo de 2026, el Ejército Ecuatoriano logró la aprehensión de una ciudadana en el cantón Tena, provincia de Napo. La detención se produjo tras el hallazgo de una fuerte suma de dinero en efectivo que no pudo ser justificada legalmente, lo que ha vinculado a la implicada en una investigación por el presunto delito de lavado de activos.
Intervención en la Troncal Amazónica
El procedimiento se desarrolló bajo la modalidad de control de armas, municiones y explosivos (Camex) en el sector conocido como 21 de Enero. Los efectivos militares establecieron un punto de revisión en la Troncal Amazónica, específicamente en la vía que conecta a Tena con Archidona.
Durante las labores de vigilancia, el personal militar interceptó un vehículo tipo Jeep de color blanco. Tras realizar la inspección técnica del automotor y de sus ocupantes, los uniformados identificaron indicios que relacionan a la detenida con actividades ilícitas de gran escala, incluyendo extorsiones, microtráfico y lavado de activos, presuntamente vinculados a grupos armados organizados que mantienen operaciones en esta zona del país.
Detalle de evidencias y golpe financiero
La operación militar arrojó resultados contundentes en términos de afectación económica a las estructuras delictivas. Según el informe oficial, las evidencias incautadas incluyen:
- Efectivo: $50,000 en billetes de diversas denominaciones, los cuales no contaban con respaldo documental sobre su procedencia legal.
- Logística: Un vehículo tipo Jeep, valorado aproximadamente en $30,000.
- Impacto total: La afectación financiera estimada para la organización involucrada asciende a $80,000.
Procedimiento legal y contexto regional
Tanto la persona aprehendida como el dinero y el vehículo retenido fueron trasladados bajo estricta cadena de custodia para ser puestos a disposición de las autoridades judiciales competentes, quienes determinarán su situación jurídica en las próximas horas.
Este operativo ocurre en un contexto de alta sensibilidad en la provincia de Napo, donde colectivos sociales han solicitado recientemente controles permanentes debido al incremento de actividades vinculadas a la minería ilegal y la inseguridad, factores que han llevado incluso a la suspensión indefinida de actividades mineras por disposición estatal.
