La Revolución Ciudadana (RC) ha logrado asegurar una vía de escape política crucial de cara al próximo proceso democrático. El movimiento ya cuenta con un partido político formal, de alcance estrictamente nacional, que se encuentra plenamente dispuesto a auspiciar cada una de las candidaturas del correísmo para las elecciones seccionales programadas para el 29 de noviembre de 2026. Este inesperado giro de timón ocurre en un momento crítico para la agrupación de izquierda, la cual busca sortear las trabas legales que amenazaban con dejar a sus cuadros tradicionales fuera de las papeletas de votación a nivel nacional.
La confirmación de este crucial acuerdo político llegó de la mano de la máxima dirigente de la agrupación. La presidenta del movimiento, Gabriela Rivadeneira, fue la encargada de dar la noche del 7 de junio la «buena noticia» a toda la militancia congregada. Durante su intervención, la líder ofreció que en el transcurso de esta misma semana se emitirá información mucho más detallada respecto de la organización política específica que prestará de manera formal su nombre legal, su número de lista oficial y sus colores institucionales al correísmo para la contienda de noviembre.
Este movimiento estratégico responde a una situación de vulnerabilidad jurídica. De momento, la Revolución Ciudadana se encuentra formalmente suspendida de sus funciones partidistas por un lapso establecido de nueve meses, una medida que rige de manera continua desde marzo pasado. Dicha sanción se mantiene vigente mientras la Fiscalía General del Estado investiga activamente a varios de sus principales dirigentes nacionales por la presunta comisión de los delitos de delincuencia organizada y lavado de activos, dentro del marco judicial conocido públicamente como el caso Caja Chica.
Debido a este escenario, el correísmo mantenía bajo total y absoluto secreto el nombre exacto del partido político que acogería a sus diferentes cuadros y figuras para las elecciones seccionales. La cúpula dirigencial admitió que guardaban un profundo temor a que el Consejo Nacional Electoral (CNE) también procediera a aplicar una suspensión o sanción a la tienda política aliada si esta era descubierta antes de tiempo, bloqueando por completo su participación.
Sin embargo, el panorama cambió radicalmente en las últimas horas. El 7 de junio, la propia Gabriela Rivadeneira reconoció de manera abierta que la reciente sentencia emitida por la jueza del Tribunal Contencioso Electoral (TCE), Ivonne Coloma, dictada originalmente a favor del movimiento Unidad Popular (UP), les quitó definitivamente ese miedo generalizado. A raíz de este dictamen favorable, los líderes de la Revolución Ciudadana afirmaron que se encuentran completamente dispuestos a empezar a planificar un calendario formal para la ejecución de sus elecciones primarias internas.
El sustento legal es claro: la Jueza del TCE determinó textualmente en su fallo que cualquier tipo de resolución emanada por el CNE destinada a iniciar procesos de cancelación o de suspensión de partidos y movimientos políticos en el país se debía tomar obligatoriamente antes del 3 de abril, es decir, cumpliendo de forma estricta con el plazo de 120 días antes de la convocatoria oficial a las elecciones correspondientes.
Frente a la pregunta de quién se perfila como el refugio definitivo del correísmo, las opciones reales en el tablero electoral son limitadas. Aunque públicamente Gabriela Rivadeneira ha decidido mantener bajo estricto secreto la identidad de la organización para acordar internamente cómo informar de manera «certera, apropiada y adecuada» a las bases de la militancia, la realidad demuestra que la Revolución Ciudadana no tiene muchas opciones viables en el registro ecuatoriano. Para ser útil, la tienda aliada debe congregar al menos tres características fundamentales: poseer un alcance nacional verificado, pertenecer ideológicamente a la tendencia de izquierda o centro-izquierda y carecer por completo de diferencias políticas irreconciliables con el modelo del correísmo.
Dentro de este descarte de opciones, tras conocerse la decisión de la jueza electoral Ivonne Coloma de dejar totalmente sin efecto la cancelación de Unidad Popular, dicha organización de izquierda descartó de forma tajante y pública cualquier posibilidad de concretar una alianza electoral con los representantes de la Revolución Ciudadana. «La Revolución Ciudadana no forma parte de nuestro proyecto electoral», aseguró de manera contundente Geovanni Atarihuana, director nacional de UP.
Por otro lado, destacadas figuras del correísmo, entre las que se incluye a la excandidata presidencial Luisa González, han sido vistas de forma recurrente participando en eventos oficiales del Partido Socialista Ecuatoriano (PSE). Esta organización política en particular mantiene actualmente abierta la posibilidad real de acoger en sus filas o de incluir en sus listas de candidaturas a distintos representantes y líderes de la Revolución Ciudadana.
Pese a estos acercamientos con el socialismo, PRIMICIAS pudo conocer de fuentes cercanas que la primera opción y la más avanzada para el correísmo es el movimiento Acción Movilizadora Independiente Generando Oportunidades (Amigo), agrupación política que ocupa formalmente el casillero número 16 en el Registro de Organizaciones Políticas del Ecuador. Amigo es una organización que históricamente registra una escasa actividad proselitista en el país; de hecho, su participación más visible ocurrió en las pasadas elecciones presidenciales de 2025, espacio donde auspició la candidatura del binomio presidencial conformado por Juan Cueva Vivanco y Cristina Reyes.
