Una nueva sacudida judicial estremece a la ciudad de Riobamba, luego de que la Fiscalía Provincial de Chimborazo solicitara formalmente la audiencia de vinculación penal contra el alcalde John Vinueza Salinas y el gerente de la empresa pública EP EMMPA, Lenín Fuentes Gavilánez, dentro del proceso conocido como el caso Altares . Este caso, que ya había involucrado a varios funcionarios, ahora pone en el ojo del huracán a las máximas autoridades municipales.
De acuerdo con el expediente fiscal Nro. 060101823090465, la fiscal Mayra Moreno considera que existen suficientes elementos probatorios para incorporar a ambos funcionarios como procesados por el presunto delito de asociación ilícita. Según lo establecido en el artículo 593 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), la Fiscalía ha pedido a la presidenta de la Corte Provincial de Justicia de Chimborazo señalar día y hora para llevar a cabo la audiencia de vinculación. En esta instancia, se podría dictar prisión preventiva u otras medidas sustitutivas en contra de los implicados.
Un Caso Marcado por Denuncias de Corrupción
El caso Altares gira en torno a investigaciones sobre presuntos actos de corrupción relacionados con un proceso de aceptación de cupos para una cooperativa de taxis. Según las indagaciones, tanto el alcalde Vinueza como el exdirector Fuentes habrían recibido una cuantiosa suma de dinero a cambio de facilitar este proceso irregular.
El avance en las investigaciones se debe, en gran medida, a la figura de «cooperación eficaz», adoptada por uno de los involucrados en el caso. Esta persona habría proporcionado información clave que condujo al pedido de vinculación penal contra las principales autoridades municipales. Además, otra persona, desde Argentina, también se habría acogido a esta colaboración con la justicia, ampliando el alcance de las pesquisas.
Audios Reveladores Complican a Funcionarios Públicos
Según el medio Radio Caliente, José Luis Díaz, abogado de la Comisión Anticorrupción capítulo Chimborazo, expuso dos audios que llegaron al organismo y que han generado nuevas sospechas sobre el caso. En dichas grabaciones se escucha la voz de un concejal, miembro de la Comisión de Movilidad, quien supuestamente habría cobrado USD 1.500 junto con otros ediles para aprobar una ordenanza que permitiría la aplicación de cupos para taxis en Riobamba.
Sin embargo, tras fuertes protestas por parte del gremio de taxistas, la ordenanza fue archivada. La Agencia Nacional de Tránsito (ANT) también determinó que dicha normativa no cumplía con la legislación general vigente, dejando al descubierto las irregularidades del proceso.
Ciudadanía y Opinión Pública en Espera
La solicitud de vinculación penal contra el alcalde Vinueza y el gerente Fuentes marca un giro decisivo en el caso Altares , que ya había salpicado a otros funcionarios públicos. La ciudadanía riobambeña y la opinión pública nacional están atentas al desarrollo de este proceso, que podría tener importantes repercusiones políticas y sociales en la región.
Mientras tanto, la Fiscalía Provincial mantiene su línea investigativa, reforzada por las declaraciones de quienes se han acogido a la cooperación eficaz y las pruebas documentales recopiladas hasta el momento. El destino de las principales autoridades municipales de Riobamba dependerá del resultado de la audiencia de vinculación penal, cuya fecha aún está por definirse.
