El presidente Daniel Noboa presentó el 17 de mayo de 2025 un proyecto de ley urgente que introduce reformas penales, inspiradas en El Salvador, para desarticular economías criminales en el marco del conflicto armado interno, incluyendo penas severas, allanamientos sin orden judicial y justicia especializada.
El 17 de mayo de 2025, el presidente Daniel Noboa envió a la Asamblea Nacional el proyecto de Ley para Desarticular la Economía Criminal Vinculada al Conflicto Armado Interno, clasificado como urgente en materia económica, con un plazo de 30 días para su aprobación. Según Primicias.ec, la iniciativa busca establecer un régimen jurídico especial con medidas financieras y de seguridad para combatir las economías ilícitas de bandas criminales, declaradas terroristas desde el 9 de enero de 2024. Inspirado en las políticas de Nayib Bukele en El Salvador, el proyecto propone reformas al Código Orgánico Integral Penal (COIP) y la creación de una justicia especializada, evitando la necesidad de sucesivos estados de excepción, cuestionados por la Corte Constitucional (CC).
Ecuador enfrenta un conflicto armado interno desde enero de 2024, tras la fuga de Adolfo Macías (“Fito”), líder de Los Choneros, que desencadenó una ola de violencia con 2,361 homicidios hasta mayo de 2025. Bandas como Los Lobos, Chone Killers y el Frente Oliver Sinisterra, catalogadas como objetivos militares, operan en narcotráfico, extorsión y minería ilegal. La CC ha limitado los estados de excepción, declarando inconstitucionales medidas como el Decreto 218 de abril de 2024 por falta de justificación, según . Noboa, en respuesta, plantea un marco legal permanente que incluye:
1. Penas por pertenencia a grupos armados: El proyecto crea una sección en el COIP para delitos en el contexto del conflicto armado interno. Participar en grupos armados organizados será castigado con 22 a 26 años de prisión, y los cabecillas enfrentarán hasta 30 años. Similar al modelo salvadoreño de 2022, que impone penas de hasta 45 años por pertenencia a pandillas, la propuesta no detalla cómo se determinará la afiliación, generando preocupaciones por métodos discrecionales como tatuajes o relaciones familiares, según Amnistía Internacional.
2. Allanamientos y detenciones sin orden judicial: La ley permitirá allanamientos a domicilios de grupos armados y detenciones investigativas de hasta 24 horas sin orden judicial, supervisadas por jueces especializados. El Bloque de Seguridad (policías y militares) definirá los parámetros, replicando prácticas de El Salvador, donde los allanamientos masivos desde 2022 han sido criticados por Human Rights Watch por violaciones de derechos.
3. Prisión preventiva como norma: Contrario al principio de “última ratio”, la prisión preventiva será la medida cautelar predeterminada durante el conflicto armado, sin posibilidad de sustitución, similar a la legislación salvadoreña que eliminó medidas alternativas para pandilleros.
4. Justicia especializada: Se creará un procedimiento unificado con audiencias únicas, resueltas por jueces especializados en conflicto armado interno, convocadas en 15 días tras la detención. Fiscales que no acusen deberán justificar su decisión en tres días ante un superior. El Consejo de la Judicatura y la Fiscalía tendrán 90 días para formar estas unidades, emulando las audiencias masivas de El Salvador.
La Asamblea, liderada por Niels Olsen (ADN), debe tramitar la ley en la Comisión de Justicia, dominada por el oficialismo, según @radiocentroec. ADN, con 66 curules y aliados de Pachakutik y el PSC, asegura mayorías frágiles, mientras Revolución Ciudadana (RC), con 67 curules, enfrenta divisiones internas con RETO. Posts en X como @notimundoec reflejan apoyo a las reformas por la crisis de inseguridad, pero también críticas por riesgos de abuso, citando los 7,000 inocentes encarcelados en El Salvador según la ONU. La Fundación Ciudadanía y Desarrollo advierte que la aprobación de la ley podría consolidar el control de Noboa sobre el sistema judicial.
El proyecto de Noboa busca desmantelar las economías criminales con un marco legal severo, pero sus paralelismos con El Salvador despiertan temores de autoritarismo y violaciones de derechos. La Asamblea tiene 30 días para decidir si respalda un modelo que prioriza la seguridad a costa de garantías procesales. Ecuador, en su año más violento, espera un equilibrio entre justicia y libertad. Para más detalles, consulte el sitio de la Presidencia
