El Pleno del Consejo de la Judicatura (CJ) destituyó este martes 17 de junio de 2025 al juez de la Unidad Judicial Especializada de Garantías Penitenciarias de Cuenca, identificado como B.F.R.C. , por conceder beneficios penitenciarios ilegales a 28 reos condenados por graves delitos, como violación, asesinato y tráfico de drogas. La decisión fue adoptada por unanimidad tras considerar que el juzgador incurrió en una infracción disciplinaria “gravísima de error inexcusable”.
La investigación que derivó en la destitución fue impulsada tras una denuncia presentada el 17 de diciembre de 2024 por los entonces legisladores Sofía Sánchez, Adrián Castro, Leonardo Berrezueta y Diego Matovelle . Los exasambleístas alertaron sobre irregularidades en las decisiones del juez, quien otorgó beneficios como prelibertad y régimen semiabierto a personas privadas de libertad que no cumplían con los requisitos técnicos y legales establecidos por la normativa vigente.
El 29 de enero de 2025, los jueces de la Sala Especializada de lo Penal de la Corte Provincial de Justicia del Azuay emitieron la declaración jurisdiccional previa, dando inicio a las investigaciones. Estas revelaron que el juez favoreció a reos condenados por delitos graves, incluidos violación, robo, asesinato, homicidio y tráfico de sustancias sujetas a fiscalización .
Según el CJ, el juzgador basó sus fallos en criterios subjetivos, ignorando principios jurídicos fundamentales como la seguridad jurídica, el debido proceso y el principio de legalidad . Esta conducta configuró un «error inexcusable grave y dañino», ya que comprometió procesos legítimos y generó un riesgo latente de impunidad .
En su comunicado oficial, el Consejo de la Judicatura destacó que las decisiones del juez no solo pusieron en peligro la seguridad pública, sino que también debilitaron la confianza ciudadana en el sistema judicial.
La destitución del juez representa un paso significativo en la lucha contra la corrupción y la arbitrariedad dentro del sistema judicial ecuatoriano. Sin embargo, el caso pone en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia para evitar que casos similares se repitan en el futuro.
