El Pleno del Consejo de la Judicatura destituyó este lunes 24 de junio de 2025 a seis jueces de la provincia de El Oro por declarar inocente al empresario Daniel Salcedo , implicado en un caso de lavado de activos. La decisión fue tomada por unanimidad, tras determinarse que los magistrados incurrieron en un «error inexcusable» al absolver a seis empresas y cuatro personas vinculadas al caso.
La Sala Especializada de lo Penal, Penal Militar, Penal Policial, Tránsito, Corrupción y Crimen Organizado de la Corte Nacional de Justicia señaló que los jueces realizaron una interpretación «inaceptable» de los elementos probatorios relacionados con el delito de lavado de activos. Según el informe disciplinario, esta acción constituye una extralimitación de funciones y un uso ilegítimo del poder judicial.
Los jueces destituidos son: Manuel Zhapán, Wilson Landívar y Rafael Arce , pertenecientes al Tribunal de Garantías Penales de Machala , así como Jorge Salinas, Oswaldo Piedra y Manuel Mejía , de la Sala Penal de la Corte Provincial de El Oro .
El caso de Daniel Salcedo se originó por movimientos económicos inusuales registrados entre 2013 y 2019 , que involucraron empresas ficticias, transferencias sin justificación y vínculos comerciales con proveedores de hospitales del sistema de salud pública. A pesar de las evidencias presentadas, los magistrados absolvieron a Salcedo y otros implicados, incluyendo a su hermano Noé Salcedo .
Sin embargo, la Fiscalía General del Estado apeló la sentencia hasta llevar el caso a la instancia de casación en la Corte Nacional de Justicia . Finalmente, el 5 de enero de 2024, el Tribunal declaró culpables a los hermanos Salcedo y a otros procesados, imponiendo una condena de 13 años de prisión por lavado de activos .
Reacciones y consecuencias
La destitución de los jueces refleja la gravedad de sus acciones y el compromiso del Consejo de la Judicatura con la transparencia y la integridad del sistema judicial. Además, se analizará el patrimonio de los magistrados implicados para determinar si existen indicios de enriquecimiento ilícito o nexos indebidos con los acusados.
Este caso ha generado debate sobre la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y supervisión en el sistema judicial ecuatoriano, especialmente en casos de corrupción y crimen organizado.
La destitución de los seis jueces de El Oro envía un mensaje claro sobre la tolerancia cero hacia errores judiciales graves y el compromiso de las autoridades con la justicia. Sin embargo, también plantea preguntas sobre cómo prevenir situaciones similares en el futuro y garantizar que los operadores de justicia actúen con profesionalismo e imparcialidad.
