Las intensas lluvias registradas en los últimos días han golpeado duramente a Ecuador, afectando sectores clave como la industria petrolera , la generación eléctrica y la conectividad vial , además de dejar comunidades rurales devastadas por inundaciones, deslizamientos y daños estructurales. El Gobierno enfrenta esta emergencia con recursos limitados, mientras los oleoductos clave para la economía nacional permanecen paralizados y se multiplican los riesgos de apagones.
Impacto en la industria petrolera: El incremento de las lluvias ha generado un «golpe bajo» a la ya debilitada industria petrolera ecuatoriana. Desde el 1 de julio de 2025 , el Oleoducto de Crudos Pesados (OCP) y el Sistema de Oleoducto Transecuatoriano (SOTE) detuvieron sus operaciones debido al riesgo que enfrentan los ductos por la erosión regresiva y lateral del Río Loco , un fenómeno asociado a la erosión en el Río Coca , ubicado entre las provincias de Napo y Sucumbíos.
Esta paralización implica un apagado progresivo de los campos petroleros, lo que agrava aún más la crisis económica. Entre enero y mayo de 2025, la producción de crudo ya había caído un 4% respecto al mismo período de 2024, alcanzando apenas 465.459 barriles diarios . La producción nacional no supera los 500.000 barriles diarios desde 2020, una cifra alarmante si se considera que el petróleo es una fuente esencial de ingresos para el Presupuesto General del Estado (PGE).
Parálisis en la generación eléctrica: La situación también afecta gravemente al sector eléctrico. Las hidroeléctricas Coca Codo Sinclair , Delsitanisagua y San Bartolo , que suman una capacidad de 1.800 megavatios , tuvieron que detener sus operaciones debido a la mala calidad del agua causada por las lluvias intensas. Esto obligó al Operador Nacional de Electricidad (CENACE) a activar grupos eléctricos de emergencia, que funcionan con combustibles fósiles como diésel y fuel oil.
Este problema ha puesto en jaque la estabilidad del sistema eléctrico nacional, especialmente porque las hidroeléctricas del Complejo Hidroeléctrico Paute están operando a su máxima capacidad. Sin embargo, el riesgo de apagones sigue latente, recordando los episodios ocurridos en 2024 cuando la generación eléctrica colapsó durante el estiaje.
Daños viales y humanitarios: Las precipitaciones también han ocasionado graves daños en la infraestructura vial, especialmente en la región amazónica. La vía Baeza-Papallacta , vital para conectar Quito con la Amazonía, permanece cerrada al tránsito vehicular debido a cinco deslizamientos de tierra , uno de los cuales dejó una persona desaparecida en El Tambo (Quijos-Papallacta) . Además, se reportaron inundaciones generalizadas en Zamora Chinchipe , donde más de 180 personas fueron evacuadas tras el desbordamiento de ríos.
En provincias como Azuay , los desbordamientos amenazan con destruir puentes, carreteras y viviendas, mientras que en Orellana , Morona Santiago , Chimborahua y Tungurahua, el Instituto Nacional de Meteorología e Hidrología (INAMHI ) mantiene alertas por lluvias intensas.
Falta de recursos para enfrentar la emergencia: El Gobierno enfrenta esta nueva crisis con recursos extremadamente limitados. Según datos del Ministerio de Finanzas , durante el primer semestre de 2025, los atrasos en pagos acumulados ascendieron a USD 1.559 millones , un aumento del 29% en comparación con el mismo período de 2024. Estos retrasos incluyen pagos a proveedores, al IESS y a gobiernos seccionales, cuyos recursos son cruciales para atender las emergencias locales.
El Observatorio de la Política Fiscal estima que el Gobierno necesita al menos USD 18.242 millones para cubrir las necesidades de financiamiento del PGE, excluyendo los costos adicionales que podría generar esta emergencia climática.
Efectos sociales y económicos: Las inundaciones han provocado el colapso de viviendas, infraestructuras estatales y miles de damnificados. En Zamora , el Gobierno busca garantizar el suministro de agua potable, mientras evalúa la posibilidad de declarar en emergencia a las zonas más afectadas. Además, se ha establecido un protocolo para el cierre anticipado de los oleoductos en caso de emergencias y se analiza la construcción de una variante que permita reubicar tanto los ductos como la vía afectada.
Las lluvias torrenciales han expuesto las fragilidades estructurales de Ecuador, afectando sectores estratégicos como el petróleo y la electricidad, además de dejar a miles de personas vulnerables. Sin recursos suficientes para enfrentar la emergencia, el país enfrenta un escenario crítico que podría empeorar si los niveles de precipitación continúan aumentando. La falta de inversión en infraestructura resiliente y la dependencia excesiva de recursos naturales volátiles ponen en evidencia la urgente necesidad de reformas estructurales para mitigar futuras crisis.
