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Ministro Reimberg critica la liberación de cinco detenidos vinculados a Los Lobos en Machala

El ministro del Interior, John Reimberg,, nuevamente criticó la actuación de jueces y fiscales en un caso de detenciones vinculadas al crimen organizado , en este caso durante el operativo Gran Fénix 32 en Machala , provincia de El Oro . El funcionario denunció irregularidades en las audiencias de flagrancia , donde cinco de los siete detenidos fueron dejados en libertad , incluidos dos señalados como parte de la banda criminal Los Lobos . Esta situación pone en evidencia las fisuras en la coordinación entre el Ejecutivo y el sistema de justicia , apenas seis semanas después de la creación de la Mesa de Seguridad.

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El operativo Gran Fénix 32 , realizado el 16 de julio de 2025 en Machala , permitió la detención de siete personas presuntamente vinculadas a la banda Los Lobos , una de las organizaciones criminales más activas en la zona costera y fronteriza del país. Sin embargo, tras las audiencias de flagrancia, cinco de los detenidos fueron liberados inmediatamente , mientras que a uno se le impuso presentación periódica cada ocho días .

Entre los liberados se encontraban alias ‘Mito’ y alias ‘Ronquillo’ , señalados por inteligencia policial como miembros de alto rango en la estructura de Los Lobos . Reimberg expresó su indignación ante la decisión judicial , indicando que “la jueza a cargo calificó como legal la detención, pero decidió dejar en libertad a cinco detenidos de forma inmediata”.

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El ministro del Interior señaló que estas acciones reflejan una falta de coherencia institucional en la lucha contra el crimen organizado:

“Esta falta de coherencia e irresponsabilidad en la administración de justicia es sencillamente inaceptable”, escribió en su cuenta de X.

La respuesta de la Fiscalía General del Estado

La Fiscalía emitió un comunicado el 18 de julio de 2025 , sin mencionar directamente al ministro, pero respondiendo a las críticas. Señaló que el juez decidió aplicar medidas cautelares alternativas al detenido Kevin R., alias ‘Ronquillo’ , pese a haberse formulado cargos por posesión y almacenamiento de municiones , y haber solicitado prisión preventiva . La institución aseguró que presentará apelación y que la investigación continuará durante 30 días más .

En cuanto a Jaime S., alias ‘Mito’ , y otros cinco detenidos, la Fiscalía explicó que durante la audiencia no se presentaron pruebas suficientes que vincularan a todos los detenidos con la banda criminal. Un informe de una empresa de seguridad señaló que el uso de armas en el lugar fue legal , lo que influyó en la decisión judicial.

Además, la institución fiscal indicó que un agente fiscal formuló cargos solo contra una persona , mientras que para los demás se dispuso una investigación previa . También solicitó informes adicionales sobre el manejo del vehículo y la demora en la entrega del parte policial.

Tensiones entre Ejecutivo y Justicia

Este caso no es el primero en generar tensiones entre el Ejecutivo y el sistema de justicia . A mediados de junio de 2025 , Reimberg ya había manifestado su descontento tras la liberación de presuntos secuestradores en Guayaquil , en un caso que también generó críticas del ministro sobre la aplicación desigual de la justicia .

La Mesa de Seguridad , creada hace menos de seis semanas con el objetivo de mejorar la coordinación entre Policía, Fuerzas Armadas y justicia , enfrenta su primera prueba real tras este operativo en Machala, donde las expectativas de contención judicial no se cumplieron.

“No podemos combatir el crimen organizado si no hay responsabilidad en el sistema de justicia”, afirmó un alto funcionario del Ministerio del Interior, quien pidió una revisión urgente del protocolo de presentación de pruebas y coordinación entre jueces, fiscales y Policía.

La crisis de coordinación entre el Ejecutivo y el sistema judicial se vuelve a poner de manifiesto tras el operativo Gran Fénix 32 , donde cinco detenidos vinculados a Los Lobos recuperaron la libertad pese a las evidencias presentadas por la Policía . Mientras el Ministerio del Interior exige una justicia más contundente , la Fiscalía General del Estado recalca que actúa dentro de la normativa vigente , y que presentará apelaciones para revertir las decisiones de libertad. Este choque institucional refleja el desafío más grande del país en la lucha contra el crimen organizado : una justicia que no siempre responde como se espera.

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