Un operativo de inteligencia contra el cohecho dio con una red de corrupción mucho más grave: la venta ilegal de armas y municiones de uso exclusivo policial por parte de miembros de la Policía Nacional. Así nació el caso Depuración Azul, que ha dejado hasta ahora ocho personas procesadas, entre ellas seis uniformados —incluyendo un agente en servicio pasivo— y dos civiles, por el presunto delito de delincuencia organizada.
Todo comenzó el 6 de enero de 2025, cuando, durante interceptaciones telefónicas en una investigación por cohecho, agentes detectaron una conversación sospechosa entre Luis Miguel S., alias ‘Bala’, sargento, y Cristian G., alias ‘Guangudo’, cabo. Ambos hablaban sobre la necesidad de conseguir municiones para “vender”.
Siete días después, la Fiscalía abrió una investigación previa y, durante más de seis meses, monitoreó a los implicados. Así logró desarticular una red que aprovechaba el acceso a armamento policial para abastecer a estructuras delictivas, entre ellas el grupo Freddy Krueger, brazo armado de la Mafia 18, que opera en el sur de Guayaquil.
El centro del esquema era Francisco P., alias ‘Topo’, cabo primero y guardalmacén del Rastrillo General de la Policía. En abril de 2025, ‘Topo’ tomó 20 alimentadoras de pistola Glock, de uso institucional, las colocó en una caja y se las entregó a Franklin L., alias ‘Beto’, taxista y cuarto procesado. Este envió la caja a Guayaquil por una cooperativa de transporte interprovincial, con destino a ‘Guangudo’.
En Guayaquil, la caja fue retirada por Miguel Z., alias ‘Uña’, policía de la Unidad de Contingencia Penitenciaria. Él entregó las alimentadoras a Jorge Benítez, alias ‘Paco’, exagente en servicio pasivo, quien administraba una tienda online de accesorios para armas, el sexto procesado.
El 17 de junio, ‘Topo’ realizó otro envío: municiones de calibre 5.56, de uso exclusivo para fusiles tácticos de policías y militares. El paquete iba dirigido a Natanael D., quien fue detenido dos días después en Guayaquil con las municiones y drogas. Inteligencia policial lo identifica como miembro del grupo Freddy Krueger.
Ese mismo día, Evelyn M., alias ‘Mona’, esposa de Jorge G., alias ‘Guambrón’, sargento del Rastrillo General, envió otra encomienda desde el Terminal de Carcelén en Quito, también dirigida a Natanael D. Ella y su esposo son los últimos procesados en el caso.
Las investigaciones revelaron, además, los precios de la venta ilegal: USD 2 por bala, lo que equivale a USD 170 por cinco alimentadoras (unas 85 balas). Las pistolas tipo Glock se vendían entre USD 1.000 y USD 3.000, mientras que los fusiles alcanzaban hasta USD 7.500.
A inicios de julio, los ocho procesados fueron detenidos. La justicia dictó prisión preventiva para los seis uniformados y para ‘Beto’, el taxista. A ‘Mona’ se le otorgaron presentaciones periódicas.
La noche del 4 de agosto de 2025, estaba prevista la apelación a la prisión preventiva de ‘Bala’, ‘Paco’, ‘Guambrón’, ‘Uña’ y ‘Guangudo’, cuyo resultado aún no ha sido publicado.
El caso Depuración Azul desnuda una grave vulnerabilidad en la cadena de custodia de armamento policial y pone en evidencia la infiltración de estructuras criminales dentro de la institución. Mientras avanza el proceso judicial, las autoridades enfrentan el desafío de recuperar la confianza ciudadana y blindar los sistemas de control interno.
