El presidente Daniel Noboa remitió el 9 de septiembre de 2025 siete nuevas preguntas para su consulta popular y referendo, programados para el 30 de noviembre, tras el rechazo de cuatro propuestas iniciales por parte de la Corte Constitucional (CC). El paquete, que incluye temas penales, políticos, jurisdiccionales y económicos, busca reformar aspectos clave de la Constitución y leyes ecuatorianas, como la creación de un registro de violadores y la limitación de poderes de la CC. Esta acción responde al disgusto del Ejecutivo por los dictámenes previos, que invalidaron iniciativas como la castración química para violadores y el enjuiciamiento político de magistrados constitucionales.
La vocera de Carondelet, Carolina Jaramillo, había anticipado la reformulación para superar los obstáculos legales. Noboa insiste en cuestionar a la CC, proponiendo que solo seis de nueve jueces puedan declarar inconstitucionalidad en leyes presidenciales, decretos de excepción o consultas de iniciativa ejecutiva. Las nuevas preguntas de referendo abordan la protección infantil con un registro de condenados por violación, procedimientos expeditos para extorsión, robo y receptación, y la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) en favor de designaciones por la Asamblea Nacional con meritocracia y escrutinio público.
En la consulta popular, se plantea regular casinos en hoteles de cinco estrellas, prohibir el uso de imagen de condenados por corrupción en campañas, y expedir una nueva Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales para la CC. Estas propuestas deben ser revisadas nuevamente por la CC para verificar su claridad, legalidad y libertad de voto, un proceso que podría ajustar plazos para la campaña y el escrutinio. El Ejecutivo argumenta que estas reformas fortalecerán la seguridad, la transparencia y la economía, en un contexto donde Ecuador enfrenta desafíos como 4,619 homicidios en el primer semestre de 2025 (dato de referencia: Policía Nacional).
La iniciativa genera debate sobre el equilibrio de poderes y la eficiencia judicial, con opositores cuestionando posibles intentos de concentrar autoridad en el Ejecutivo. Noboa busca con esto revitalizar su agenda de seguridad y anticorrupción, mientras la CC tiene un plazo de 20 días para pronunciarse.
