La controversia ha estallado en Riobamba luego de que maquinaria del Municipio ingresara de forma sorpresiva a los predios del Estadio Olímpico de la ciudad, demoliendo la valla perimetral y parte del muro de protección. La acción, que según las autoridades municipales forma parte de un proyecto de regeneración urbana, ha generado una fuerte reacción de la comunidad deportiva, liderada por la Federación Deportiva de Chimborazo (FDCH), que acusa al alcalde John Vinueza de incumplir acuerdos previos y de poner en riesgo la seguridad de las instalaciones deportivas.
El operativo municipal y las declaraciones del alcalde
El operativo, que tomó por sorpresa a la FDCH la noche anterior, ha dejado al estadio en un estado de vulnerabilidad, lo que ha encendido las alarmas entre deportistas y directivos. En respuesta a la indignación, el alcalde Vinueza convocó a una rueda de prensa para justificar la intervención.
El primer edil aseguró que la obra, que busca embellecer la zona frontal del estadio y el adyacente Parque Guayaquil, cuenta con todos los estudios y permisos necesarios. El alcalde afirmó que el proyecto es el resultado de un largo proceso de diálogo con padres de familia y organizaciones deportivas, en el que se llegó a acuerdos específicos. Enfatizó que no se derrocará el muro de escalada ni el gimnasio, aunque se ha considerado construir nuevas instalaciones más modernas y competitivas en un lugar cercano.
«Este es un espacio municipal», sostuvo Vinueza, refiriéndose a las inmediaciones del estadio. El alcalde señaló que la obstrucción de la obra pública es un delito y advirtió que quienes lo hagan enfrentarán las consecuencias legales. También abordó la situación de las oficinas de la FDCH, afirmando que se encuentran en predios municipales y que el Municipio está dispuesto a legalizar la propiedad de las mismas en favor de la Federación. Vinueza lamentó que la interventora, Rocío Recuenco, esté “obstaculizando” el avance de la obra, impidiendo incluso la limpieza del área para que el equipo local pueda jugar el próximo domingo.
La respuesta de la Federación y la disputa por la propiedad
En un contraataque mediático, la interventora de la FDCH, Rocío Recuenco, junto a su equipo jurídico, respondió a las declaraciones del alcalde. Recuenco manifestó su indignación por la «demolición sorpresa», la cual, según ella, no fue notificada previamente a la Federación. Acusó al alcalde de incumplir los acuerdos de diálogo y de «faltar al respeto» a los deportistas al intervenir de noche.
El conflicto se centra en la propiedad de los terrenos. El asesor jurídico de la FDCH, Arturo Huilcapi, presentó un argumento legal crucial: la Federación recibió una donación de los terrenos por parte del Municipio en 1976. Huilcapi sostuvo que la FDCH ha mantenido la posesión de las áreas en disputa por más de 65 años, basándose en el artículo 715 del Código Civil, lo que invalidaría la afirmación del alcalde sobre la propiedad municipal de los predios.
La FDCH ha anunciado que tomará acciones legales para detener la intervención. La situación ha escalado de un simple conflicto de obra a una disputa legal y de poder entre dos de las principales instituciones de la ciudad. El futuro del principal escenario deportivo de Riobamba y la relación entre el Municipio y la comunidad deportiva penden de un hilo mientras las autoridades legales evalúan la situación.
