El escenario político y de seguridad en Guayaquil alcanzó un punto crítico tras el allanamiento y la toma de control de las instalaciones de la Empresa Pública Municipal de Seguridad (Segura EP), ejecutados la noche del domingo 15 de febrero de 2026. La operación, liderada por la Fiscalía General del Estado y el Ministerio del Interior, ha provocado una reacción inmediata y en bloque del Concejo Municipal. Mientras el Gobierno Nacional fundamenta su acción en presuntas irregularidades y colaboración con el crimen organizado, los ediles exigen evidencias contundentes y denuncian una vulneración a la autonomía institucional.
Antecedentes y motivaciones del operativo
La intervención estatal surge a raíz de una investigación por presunta negligencia o complicidad con estructuras delictivas tras los recientes incendios registrados en la urbe. Según reportes de la Fiscalía, información reservada indicaba que Segura EP estaría presuntamente difundiendo imágenes de las cámaras de videovigilancia hacia un servidor externo no autorizado, cuya identidad está por confirmarse.
El Ministerio del Interior ha sugerido que el manejo de estas herramientas tecnológicas podría haber estado al servicio de grupos criminales. Esta tensión escaló tras los incendios estructurales ocurridos el 11 y 15 de febrero en el centro de Guayaquil, donde el Gobierno cuestionó severamente los tiempos de respuesta y el flujo de información de seguridad.
Postura mayoritaria: Respaldo a la autonomía
Este lunes, 12 concejales (en su mayoría de la bancada de la Revolución Ciudadana, junto a representantes del PSC y SUMA) emitieron un comunicado oficial ratificando su apoyo al alcalde Aquiles Alvarez, quien se encuentra bajo prisión preventiva, y a la alcaldesa subrogante, Tatiana Coronel.
Las autoridades municipales calificaron la irrupción como un «hecho grave» que excede la necesidad jurídica y configura una «intromisión indebida» en la administración local. El documento oficial de los ediles señala:
«Se ejecutaron allanamientos sin que exista resultado material alguno, sin incautaciones y sin alteración de la administración, lo que evidencia que no existía fundamento que justificara semejante despliegue».
Entre los firmantes se encuentran: Arturo Escala, Shirley Aldas, Blanca López, Emily Vera, Terry Álvarez, July Álvarez, Fabián Espín, Manuel Romero, Alfredo Bautista (PSC), Ana Fuentes (PSC), Juana Montero (Suma) y Soledad Diab (PSC). El grupo advirtió que defenderán la estabilidad de la institución frente a cualquier mecanismo de presión externa.
Exigencia de evidencias y transparencia
Por otro lado, la concejala Cinthia García (PSC) presentó un pronunciamiento individual. Aunque coincidió en que se debió priorizar el diálogo antes que la intervención forzosa, su enfoque se centró en la gravedad de las acusaciones gubernamentales. García instó al Ejecutivo a presentar pruebas de que la información de videovigilancia servía a fines delictivos, subrayando que es imperativo realizar una investigación seria para verificar o descartar dicha hipótesis por la tranquilidad ciudadana.
Conflicto de competencias con el ECU-911
El Gobierno justifica la toma de control alegando el incumplimiento de un acuerdo ministerial relacionado con el manejo de cámaras y la debida coordinación con el ECU-911. No obstante, la alcaldesa encargada, Tatiana Coronel, ha rechazado estas afirmaciones, defendiendo la gestión técnica de riesgos que realiza la ciudad de manera autónoma.
