Este 24 de abril de 2026, la justicia ecuatoriana dictó sentencia contra seis exmiembros de la Policía Nacional involucrados en el caso «Depuración Azul». Los procesados fueron hallados culpables de desviar municiones y accesorios de uso oficial desde los rastrillos de la institución para abastecer a organizaciones de delincuencia organizada que operan en el país.
El esquema: De los rastrillos a las bandas
La investigación de la Fiscalía reveló que cinco de los sentenciados, en servicio activo durante 2025, aprovecharon su cargo como custodios de armamento en varios distritos. El líder de la logística era Francisco P., alias ‘Topo’, guardalmacén del Rastrillo General, quien extraía alimentadoras de pistolas Glock y municiones de fusil calibre 5,56 (de uso exclusivo de unidades tácticas) para enviarlas como encomiendas a Guayaquil.
El nexo con el mundo criminal era Jorge Fernando B. C., un policía en servicio pasivo que manejaba una tienda virtual de accesorios de armas. Él era el encargado de colocar el material robado en manos de peligrosos delincuentes, entre ellos Natanael D., identificado como miembro de los «Freddy Krueger», brazo armado de la banda Mafia 18.
Interceptaciones delataron a «Bala» y «Guangudo»
El caso se destapó gracias a escuchas telefónicas realizadas en enero de 2025. Los agentes de inteligencia captaron conversaciones sospechosas entre Luis Miguel S. (alias ‘Bala’) y Cristian G. (alias ‘Guangudo’). A partir de ahí, un seguimiento de seis meses permitió documentar envíos de cajas con armamento a través de cooperativas de transporte interprovincial, confirmando que la red funcionaba con precisión quirúrgica.
La sentencia y la «garantía de no repetición»
Los seis expolicías recibieron una condena de dos años y cuatro meses de prisión. Además de la pena privativa de libertad, el tribunal impuso medidas reparatorias simbólicas y restrictivas:
- Disculpas públicas: Deberán pedir perdón en una rueda de prensa que será transmitida en vivo por Radio Vigía.
- Prohibición de acceso: Como medida de seguridad, se les prohíbe de por vida acercarse a cualquier dependencia policial o rastrillo de armamento.
Este caso marca un hito en la lucha contra la corrupción interna, evidenciando cómo el armamento del Estado terminó siendo utilizado por bandas narcodelictivas para disputar el control de rutas en el sur de Guayaquil.
