Un giro completamente inesperado ha sacudido los cimientos de la Función Electoral en el Ecuador. Diana Atamaint, quien estaba a pocos días de cumplir ocho años de manera consecutiva al frente del Consejo Nacional Electoral (CNE), fue removida de la presidencia de la institución este jueves 11 de junio de 2026. La drástica decisión se materializó tras una reconfiguración radical en las fuerzas políticas dentro del pleno del organismo, ocurriendo a escasos meses de que se celebren las cuestionadas elecciones seccionales adelantadas, programadas para el próximo 29 de noviembre de 2026.
El proceso de remoción se concretó de una manera insólita durante la última sesión oficial. Tras evidenciarse un cambio drástico en las alianzas internas, la líder shuar y primera mujer en la historia del país en titularizar la Función Electoral optó por sumarse a los pronunciamientos de sus tres compañeros consejeros presentes en la sala, aceptando de forma directa su propia democión del cargo más alto del CNE. A partir de esta histórica resolución, Atamaint no abandonará el organismo, sino que pasará a desempeñarse únicamente en calidad de vocal.
Con este cambio de mando, Atamaint pierde de manera inmediata las facultades exclusivas de dirimir votaciones en caso de empates, controlar el orden del día de las convocatorias y dirigir las sesiones del pleno. Dichas responsabilidades normativas quedan ahora bajo el control absoluto de José Cabrera, quien ha sido designado como el nuevo presidente del Consejo Nacional Electoral. Cabrera es calificado dentro de la escena política como una cara ampliamente conocida en el ámbito electoral y posee una histórica cercanía con el Partido Social Cristiano (PSC).
Este histórico cambio de autoridades se ejecuta en la antesala de un proceso de votaciones adelantadas por un lapso de tres meses. El argumento técnico esgrimido por el CNE para justificar dicha alteración del calendario —que movió los comicios de febrero de 2027 a noviembre de 2026— fue la gestión de riesgos y prevención frente al inminente impacto del fenómeno de El Niño, cuyas probabilidades científicas de llegada aumentan cada día, amenazando con golpear de forma directa a un total de 143 cantones del territorio nacional este mismo año.
Las próximas elecciones seccionales se perfilan como un escenario complejo y crucial para el mapa geopolítico del Ecuador, presentándose con fuerzas partidistas considerablemente debilitadas. Por un lado, la organización política Revolución Ciudadana (RC) se encuentra suspendida temporalmente de sus funciones, lo que la obligará a terciar en las urnas bajo una bandera electoral prestada. Por otra parte, el movimiento oficialista Acción Democrática Nacional (ADN) llega al proceso absorbiendo el desgaste directo y el impacto de la aceptación pública de las políticas gubernamentales implementadas por la administración del presidente Daniel Noboa.
Los antecedentes y la prórroga de funciones
La gestión presidencial de Diana Atamaint se caracterizó por desarrollarse en una época completamente atípica e irregular en el escenario democrático del país. Los consejeros principales que se posesionaron originalmente el pasado 20 de noviembre de 2018 fueron seleccionados bajo mandato constitucional para cumplir un periodo institucional de seis años, el cual hasta la presente fecha no ha podido concluir de manera formal.
Esta situación se debe a que los vocales actuales llevan años prorrogados en sus funciones legítimas. De acuerdo con los plazos de ley, en el año 2021 el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS) debió haber realizado el concurso público para renovar parcialmente a tres de los cinco consejeros, mientras que en el año 2024 correspondía el reemplazo legal de los dos vocales restantes. No obstante, el CPCCS ha fracasado sistemáticamente en la ejecución de dichos concursos de oposición y méritos, y actualmente no existen evidencias técnicas de que el proceso de selección vigente vaya a concluir en el corto plazo.
Durante su extenso recorrido en la presidencia, Atamaint navegó políticamente en medio de constantes consultas populares y referendos convocados por los diferentes gobiernos de turno. Asimismo, lideró la organización de votaciones complejas durante la emergencia sanitaria de la pandemia del Covid-19, enfrentó un empate técnico riguroso previo a la segunda vuelta presidencial del año 2021, y gestionó las elecciones extraordinarias derivadas del decreto de muerte cruzada en 2023, periodo que estuvo trágicamente marcado por el asesinato del candidato presidencial Fernando Villavicencio. Pese a las complejidades estructurales de estas jornadas, el CNE consiguió entregar los resultados oficiales con rapidez, logrando la estabilización de los datos de los escrutinios incluso la misma noche de los comicios.
Las polémicas y los cuestionamientos políticos
Pese a la agilidad técnica en la entrega de datos escrutados, la administración de Atamaint enfrentó severas críticas públicas debido a decisiones controversiales y silencios prolongados en momentos de alta tensión, lo que la oposición calificó como presuntas simpatías políticas que fueron mutando con el paso de los años.
Originalmente, Diana Atamaint ascendió a la presidencia del organismo electoral respaldada de forma directa por el movimiento indígena del Ecuador, sector social del cual terminó distanciándose con el tiempo. Durante una etapa de su gestión, la consejera Estela Acero, identificada como cercana al correísmo, constituyó uno de los votos seguros para respaldar sus resoluciones y proyectos, una alianza similar a la mantenida con el ahora presidente José Cabrera. Esta convergencia de intereses se evidenció políticamente en el año 2020, cuando los legisladores de ambos partidos políticos en la Asamblea Nacional se abstuvieron de votar a favor del juicio político instaurado en contra de Atamaint. Posteriormente, a partir del año 2024, estas coincidencias en las votaciones del pleno se alinearon hacia el nuevo oficialismo representado por la bancada de ADN.
A continuación, se detallan de forma cronológica los cinco momentos más polémicos y cuestionados que marcaron de manera definitiva su periodo al frente de la institución electoral:
1. El recuento de votos fallido (2021): Tras registrarse un estricto empate técnico entre los candidatos Guillermo Lasso y Yaku Pérez en las elecciones presidenciales de febrero de 2021, las organizaciones políticas Creo y Pachakutik alcanzaron un acuerdo político en las propias oficinas principales del CNE en Quito. El pacto estipulaba el recuento del 100% de los votos de la provincia del Guayas y del 50% en otras 16 provincias del país. Sin embargo, la ejecución operativa del acuerdo se diluyó en el pleno del Consejo debido a la falta de consensos de los vocales: un consejero abandonó intempestivamente la sesión, solo dos votaron a favor, uno en contra y se registró una abstención. Al final, únicamente se recontaron 31 urnas específicas, dejando dudas sembradas sobre la transparencia de dicho proceso.
2. El colapso del voto telemático en el exterior (2023): Para las elecciones presidenciales extraordinarias desarrolladas en agosto de 2023, un total de más de 400.000 ciudadanos ecuatorianos residentes en el extranjero se encontraban plenamente habilitados para sufragar de forma virtual. Sin embargo, debido a severas fallas técnicas en la plataforma digital, solo 121.594 compatriotas lograron acceder al sistema. Este desperfecto tecnológico en el software contratado por el CNE obligó a las autoridades a anular los resultados y ordenar la repetición exclusiva de las elecciones para asambleístas por el exterior. El problema privó a los migrantes registrados de ejercer su derecho al voto en la primera vuelta presidencial, forzando a la institución a improvisar votaciones presenciales apuradas únicamente para la segunda vuelta de octubre de 2023.
3. Campaña presidencial sin solicitud de licencia obligatoria (2025): Durante las elecciones presidenciales del año 2025, el CNE mantuvo una postura de silencio que permitió al candidato del movimiento oficialista ADN esquivar la aplicación estricta del artículo 93 del Código de la Democracia. Dicha norma estipula de forma taxativa que los dignatarios en funciones que opten por la reelección inmediata al mismo cargo deberán obligatoriamente hacer uso de una licencia sin derecho a remuneración desde el inicio formal de la campaña electoral. En la primera vuelta, Daniel Noboa realizó actividades proselitistas por fracciones de horas argumentando razones de fuerza mayor y encargando temporalmente la Presidencia a su Secretaria de Administración Pública, acto que posteriormente fue declarado inconstitucional por los órganos competentes. Para la segunda vuelta, el mandatario notificó formalmente al CNE que no solicitaría la licencia debido a que, según expuso en su oficio oficial, la medida dependía de la voluntad del Legislativo y una negativa del pleno representaría un riesgo para su seguridad e idoneidad como presidente y candidato.
4. La prohibición de fotografiar las papeletas electorales (2025): En el mes de marzo de 2025, el pleno del Consejo Nacional Electoral aceptó una propuesta formal remitida por el presidente y candidato Daniel Noboa. La resolución prohibió de manera taxativa a los ciudadanos tomar fotografías a sus papeletas de votación una vez ejercido el sufragio, bajo el argumento gubernamental de evitar presiones y coacciones de grupos de delincuencia organizada orientadas a influir en los resultados electorales. El organismo catalogó esta acción como una infracción electoral de carácter grave, estableciendo sanciones económicas que oscilaban entre los USD 9.870 y los USD 32.900, además de la suspensión temporal de los derechos políticos de los infractores. Pese a la severidad de la norma aprobada, en la práctica el CNE solo emitió 71 notificaciones de infracción en todo el territorio nacional, y apenas cinco casos lograron avanzar hacia la fase de denuncia formal ante los tribunales.
5. El proceso fallido de cancelación de partidos políticos (2026): Al cuarto intento consecutivo y tras sortear múltiples inconvenientes administrativos, la antigua mayoría del Consejo aprobó los informes de carácter técnico para dar inicio al proceso de cancelación jurídica de los movimientos políticos Construye y Unidad Popular, bajo el argumento de que supuestamente no cumplían con el porcentaje mínimo de afiliados exigido por la ley. Tres de los cinco consejeros principales del organismo optaron por no participar en dicha sesión plenaria, lo que obligó a principalizar a dos vocales suplentes para alcanzar el quórum y los votos necesarios para la aprobación. Finalmente, el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) revocó la eliminación de Unidad Popular el pasado 7 de junio de 2026, restituyendo sus derechos políticos para participar plenamente en los próximos comicios seccionales.
Apenas dos días después de este fallo del Tribunal Contencioso Electoral, empezaron a circular con fuerza en las esferas políticas los rumores sobre el inminente fin de la hegemonía de Atamaint en el CNE, una especulación que terminó por materializarse formalmente con la votación de su propia democión este 11 de junio de 2026. Al momento, la opinión pública y los analistas políticos se mantienen a la expectativa de las primeras declaraciones oficiales y de las directrices operativas que dicte el nuevo presidente de la entidad, José Cabrera, de cara al complejo proceso electoral adelantado que enfrenta la nación.
