Un militar activo identificado como Pedro Javier Ch. F., alias “El Gordo”, fue enviado a la Penitenciaría del Litoral en Guayaquil tras su aprehensión durante el operativo Tormenta 15 realizado en Durán, provincia del Guayas. El uniformado, vinculado a una estructura delictiva y acusado de tráfico ilícito de armas, registra múltiples antecedentes penales y denuncias por asesinato, estafa y robo.
El operativo policial, llevado a cabo este martes 25 de marzo en una urbanización privada de Durán, permitió la captura de Pedro Javier Ch. F. y Joselyn Lissette P. M., quienes fueron sorprendidos en posesión de tres fusiles (calibres 9mm y 2.23), indumentaria militar y dispositivos electrónicos. Entre los elementos incautados se encuentran cinco chaquetas tácticas de camuflaje con distintivos de la Infantería de Marina, cuatro pantalones tácticos militares y un chaleco antibalas sin serie ni marca, detalló la Policía Nacional.
Pedro Javier Ch. F., quien pertenece a las Fuerzas Armadas, es señalado por las autoridades como presunto integrante de una organización criminal dedicada a cometer delitos contra la vida. Además, cuenta con un historial judicial que incluye denuncias por estafa, abuso de confianza, asesinato y robo. En mayo de 2022, fue detenido por su presunta participación en un asalto a un funcionario municipal, pero fue sobreseído por un juez y reincorporado a las filas militares en noviembre de ese año.
Durante la audiencia de calificación de flagrancia y formulación de cargos, la Fiscalía presentó pruebas contundentes, incluyendo informes de aprehensión, testimonios de agentes intervinientes y el registro de las armas decomisadas, que quedaron bajo custodia de la Policía Judicial. Basándose en estos elementos, el Juez de Garantías Penales dictó prisión preventiva para ambos procesados y ordenó su traslado a la Penitenciaría del Litoral. La fase de instrucción fiscal tendrá una duración inicial de treinta días.
El caso se sustenta en el artículo 362, inciso primero, del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que establece penas de entre dieciséis y diecinueve años de prisión por el delito de tráfico ilícito de armas.
Reacción institucional:
La Armada del Ecuador emitió un comunicado destacando su compromiso con los valores institucionales y advirtiendo que cualquier miembro involucrado en actividades ilegales será sometido a procesos administrativos disciplinarios, además de enfrentar las acciones legales correspondientes. Asimismo, reiteró su disposición para colaborar con las autoridades competentes en la investigación del caso.
Este caso refleja la creciente infiltración de elementos criminales dentro de instituciones clave del Estado, lo que ha generado preocupación entre la ciudadanía. Las autoridades enfrentan un desafío complejo para desarticular redes delictivas que involucran tanto a civiles como a miembros de las Fuerzas Armadas, mientras trabajan por garantizar justicia y seguridad en el país.
