La Corte Constitucional (CC) reiteró este 27 de marzo de 2025, con ocho votos a favor y uno en contra, que la sentencia sobre la creación de una comisión interinstitucional de seguridad debe ser cumplida «de modo inmediato y obligatorio», pese a las críticas del Ejecutivo, que calificó la decisión como «inejecutable». La CC aceptó parcialmente las solicitudes de aclaración realizadas por el Gobierno, pero mantuvo su postura sobre la necesidad de abordar los problemas estructurales de violencia desde el marco constitucional ordinario.
En un auto de aclaración emitido tras la solicitud del Ejecutivo, la CC aceptó tres puntos relacionados con sus facultades y las normas que legitiman la creación de la “Comisión Interinstitucional de Coordinación, Planificación e Implementación de Medidas”. Sin embargo, rechazó otras tres peticiones, incluyendo la declaración de estado de excepción por conflicto armado interno, argumentando que no se cumplen los requisitos para considerar la situación actual como un enfrentamiento bélico.
Según el dictamen 1 – 25 EF/25, emitido el 21 de febrero de 2025, la CC declaró parcialmente constitucional el estado de excepción vigente, admitiendo la causal de «grave conmoción interna», pero rechazando la figura de «conflicto armado interno». En esa misma sentencia, ordenó la conformación de la mencionada Comisión Interinstitucional, con el objetivo de implementar medidas estructurales para superar los problemas de violencia y crimen organizado
La posición de la CC:
La Corte subrayó que la grave situación de violencia y crimen organizado en Ecuador responde a un problema estructural que no puede ni debe ser abordado únicamente mediante estados de excepción. Según la CC, esta figura debe ser usada de manera extraordinaria y temporal, y no como una solución permanente a problemas sistémicos.
En respuesta a las acusaciones del Ejecutivo de estar «emitiendo política pública», la CC señaló en su auto de aclaración que «cabe recalcar que la Corte no interviene ni crea o avala política pública de seguridad ni de lucha contra el crimen organizado». Su rol, según explicaron, es velar porque las decisiones gubernamentales se ajusten al marco constitucional
Reacciones del Ejecutivo:
El Gobierno había cuestionado la viabilidad de la sentencia, argumentando que la orden de crear la comisión era impracticable y excedía las funciones de la Corte. Sin embargo, la CC reafirmó su postura, destacando que la implementación de medidas estructurales es esencial para transitar hacia un régimen constitucional ordinario y resolver las causas profundas de la violencia.
El Ejecutivo aún no ha emitido un pronunciamiento oficial sobre el auto de aclaración, aunque la tensión entre ambos poderes del Estado parece continuar.
La disputa entre el Ejecutivo y la Corte Constitucional refleja un debate más amplio sobre cómo abordar la crisis de seguridad en Ecuador. Mientras el Gobierno defiende el uso de estados de excepción como herramienta de emergencia, la CC insiste en la necesidad de soluciones estructurales que garanticen derechos y respeten el marco constitucional.
