La Ley de Integridad Pública , aprobada este martes 24 de junio de 2025 con 84 votos en la Asamblea Nacional , ya genera reacciones encontradas debido a su alcance y las reformas incluidas, algunas de las cuales han sido calificadas como «regresivas» por organismos internacionales y sectores políticos. Entre los cambios más polémicos está el que permite juzgar a menores como adultos en casos de delitos graves, una medida que ha generado preocupación en el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) .
Presentada el 27 de mayo por el presidente Daniel Noboa , la propuesta inicialmente se enfocaba en reformar el sistema de contratación pública. Sin embargo, durante su trámite legislativo, se incorporaron modificaciones que abarcan desde el Código Penal hasta la Ley de Tránsito , afectando al menos 19 cuerpos normativos distintos .
Uno de los puntos más controvertidos es la inclusión de un artículo que permite juzgar a adolescentes como adultos si cometen delitos graves. Según la ponente oficialista Valentina Centeno , esta medida busca evitar que los jóvenes sean utilizados como «carne de cañón» por grupos de delincuencia organizada.
Sin embargo, el UNICEF emitió un comunicado expresando su preocupación por estas reformas al sistema de justicia penal juvenil. El organismo internacional advirtió que «este tipo de medidas no han demostrado ser efectivas para combatir la inseguridad» y destacó que podrían violar tanto la Constitución de la República como la Convención sobre los Derechos del Niño , de la cual Ecuador es signatario.
«Este tipo de reformas podría empeorar la situación del sistema penitenciario y afectar la posibilidad de reintegración para los adolescentes», señaló UNICEF, instando a las autoridades ecuatorianas a garantizar los derechos de niños, niñas y adolescentes.
Reacciones políticas y sociales
El correísmo, representado por la bancada de la Revolución Ciudadana , votó en contra del proyecto y calificó el procedimiento como una «aberración legislativa». En un comunicado, afirmaron que «con la excusa de un proyecto ‘económico urgente’, se han aprobado reformas que violan la Constitución, la Ley Orgánica de la Función Legislativa y el sentido común».
Entre las críticas, destacaron la eliminación de derechos laborales conquistados históricamente, la afectación a la estabilidad de funcionarios públicos y la supuesta falta de transparencia en el proceso legislativo. Incluso intentaron recusar al presidente de la Asamblea, Niels Olsen , pero sin éxito.
Por otro lado, las cooperativas también mostraron su descontento frente a una disposición que las equipara con entidades bancarias privadas en ciertos casos, lo que consideran una amenaza a su naturaleza y operatividad.
Cambios en el sistema judicial
La ley también contempla declarar en emergencia el sistema judicial, permitiendo procesos expeditos para nombrar jueces y realizar evaluaciones anticipadas a fiscales. Según Centeno, esto busca «más jueces limpios y menos jueces corruptos», aunque algunos sectores critican que esta medida podría debilitar las garantías constitucionales.
🔴 Pronunciamiento oficial.
Ahora, el presidente Daniel Noboa tiene 30 días para revisar el texto y presentar objeciones o promulgarlo mediante su publicación en el Registro Oficial . Mientras tanto, las reacciones a esta ley reflejan la polarización política y social en Ecuador, así como la tensión entre medidas urgentes para combatir la inseguridad y la protección de derechos fundamentales.
