El sistema judicial de Ecuador se encuentra al borde del colapso, según declaraciones del presidente del Consejo de la Judicatura (CJ) , Mario Godoy , durante su comparecencia ante la Comisión de Fiscalización el 25 de junio de 2025. Ante esta situación crítica, la declaratoria de emergencia en el sistema judicial parece inminente, especialmente con la reciente entrada en vigencia de la Ley de Integridad Pública , que habilita esta figura para abordar las deficiencias estructurales del sector.
Durante su intervención, Godoy destacó que la justicia ecuatoriana enfrenta graves problemas relacionados con la falta de tecnología, infraestructura y jueces , lo que ha llevado a que más del 50% de las dependencias judiciales operen en estado crítico. Según el presidente del CJ, esta situación no es nueva y ya había sido advertida desde años anteriores, pero se ha agudizado debido a la acumulación de casos y la insuficiente capacidad institucional para procesarlos.
La Ley de Integridad Pública , aprobada por la Asamblea Nacional el 24 de junio y publicada en el Registro Oficial al día siguiente, otorga herramientas legales para que el presidente del CJ declare la emergencia del sistema judicial previo análisis y aprobación del pleno del Consejo. Esta medida permitiría establecer un régimen especial y expedito para el ingreso de nuevos jueces sin generar estabilidad laboral, una figura que Godoy aseguró ya está prevista en el Código de la Función Judicial .
«No es una figura nueva o extraña para la Función Judicial. Son aproximadamente siete declaratorias de necesidad emergente extraordinaria que se han hecho en otras presidencias del Consejo de la Judicatura», explicó Godoy. Sin embargo, reconoció que muchos servidores contratados bajo esta modalidad han intentado permanecer en sus cargos mediante acciones de protección, lo que podría complicar los esfuerzos actuales.
Para evitar conflictos similares, el presidente del CJ anunció que solicitará a los ministerios de Finanzas y Trabajo garantías de independencia en materia de contrataciones, asegurando que estas figuras temporales no se conviertan en permanentes.
Consulta ampliada antes de la decisión final
Antes de tomar una decisión formal sobre la declaratoria de emergencia, Godoy informó que se reunirá con los titulares de la Defensoría Pública , la Fiscalía General del Estado y la Corte Nacional de Justicia (CNJ) . El objetivo será analizar las necesidades generales de la Función Judicial, así como las demandas específicas de cada institución autónoma vinculada al sistema de justicia.
Esta consulta ampliada busca garantizar que las medidas adoptadas sean integrales y no solo respondan a las urgencias inmediatas, sino que también fortalezcan el sistema judicial a largo plazo.
Impacto de la emergencia judicial
Una vez declarada la emergencia, el CJ podrá implementar medidas extraordinarias, como la contratación temporal de jueces y la adopción de tecnologías para agilizar procesos. No obstante, la normativa no establece un plazo específico para la duración de la declaratoria, lo que ha generado preocupaciones sobre la transparencia y supervisión de estas acciones.
Godoy aseguró que estas medidas son necesarias para evitar el colapso total del sistema judicial y mejorar la eficiencia en la administración de justicia. «La declaratoria de emergencia es necesaria porque estamos hablando de un sistema que no puede seguir funcionando con las condiciones actuales», concluyó.
La posible declaratoria de emergencia en el sistema judicial refleja la gravedad de la crisis que enfrenta Ecuador en materia de justicia. Mientras las autoridades buscan soluciones urgentes, queda por verse si estas medidas lograrán resolver problemas estructurales o simplemente aplacarán temporalmente la crisis. Lo cierto es que el país necesita reformas profundas para garantizar un sistema judicial eficiente, transparente y accesible para todos.
