La economía de Ecuador para el próximo año se define hoy en la Asamblea Nacional, donde el Pleno debate y vota la Proforma del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025 y la Programación Presupuestaria Cuatrianual 2025-2028. Este documento, clave para la planificación fiscal del país, asciende a USD 40.961,41 millones y proyecta un crecimiento económico del 2.80% para el 2025.
La propuesta, enviada por el Ejecutivo y respaldada con seis votos a favor en la Comisión de Régimen Económico y Tributario, será analizada en un solo debate. La bancada de Gobierno, Acción Democrática Nacional (ADN), impulsó la aprobación del informe, que recomienda aceptar la Proforma y establece tres directrices principales:
- Transferencias eficientes: Se insta a crear mecanismos para asegurar que los recursos lleguen de forma oportuna a instituciones públicas y Gobiernos Autónomos Descentralizados (GAD).
- Destino de ingresos adicionales: Se propone que cualquier ingreso adicional al presupuesto sea destinado a programas sociales y al Sistema de Seguridad Social Ecuatoriano.
- Cumplimiento legal: El informe ratifica que la Proforma cumple con la Constitución y las leyes vigentes, basándose en parámetros técnicos justificados.
A pesar del apoyo de la bancada oficialista, el documento no está exento de críticas. Algunos asambleístas de oposición, como Liliana Durán, Mónica Alemán y José Luis Vallejo, han manifestado preocupaciones sobre las proyecciones de producción petrolera y el déficit presupuestario. La planificación económica del Gobierno se basa en una producción de 169,90 millones de barriles con un precio promedio de USD 62,20 por barril, supuestos que los críticos consideran optimistas y que podrían poner en riesgo las finanzas públicas.
La decisión de la Asamblea es crucial. Si el presupuesto es aprobado, entrará en vigencia de forma inmediata, lo que permitirá al Gobierno garantizar la ejecución de programas sociales y el financiamiento de sectores estratégicos como salud, educación, seguridad y protección social. En caso contrario, el Ejecutivo deberá incorporar las observaciones del Legislativo antes de que la Proforma pueda aplicarse.
