El exministro de Gobierno boliviano, Arturo Murillo, fue deportado de Estados Unidos y regresó a su país este 4 de septiembre de 2025 para enfrentar una compleja situación legal. El político, que sirvió durante la administración interina de Jeanine Áñez, tiene 15 procesos penales abiertos en su contra, incluyendo una condena por la compra irregular de gas lacrimógeno a Ecuador.
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, confirmó a los medios que la mayoría de estos casos se originaron durante la gestión de Murillo en el Gobierno de transición. Diez de los procesos ya están en fase de juicio oral, dos en etapa preparatoria y los tres restantes en etapa preliminar, donde se determinará si se formulan cargos.
Entre los juicios que enfrenta, dos ya cuentan con sentencias condenatorias. La más relevante para Ecuador es una condena de cinco años y cuatro meses de cárcel por el caso ‘gases Ecuador’, en el que fue declarado culpable de gestionar de forma irregular la donación de equipos antidisturbios durante la crisis social y política de 2019.
La otra sentencia, de ocho años de prisión, está vinculada al caso ‘gases lacrimógenos’ por la compra con un sobreprecio de USD 2,3 millones de material antidisturbios. Este último caso es el que motivó el mandamiento de aprehensión que se ejecutó tan pronto como Murillo aterrizó en Bolivia, tras cumplir con los trámites migratorios.
Murillo llegó en horas de la madrugada a la región de Santa Cruz y fue trasladado en avión a La Paz. En las próximas horas, comparecerá ante un juez para definir su situación jurídica. El fiscal Mariaca precisó que, sin importar el resultado de la audiencia, Murillo será recluido en una cárcel pública de La Paz, ya sea para cumplir sus sentencias o en detención preventiva por los demás casos pendientes.
Arturo Murillo, de 61 años, fue detenido en Estados Unidos en 2021, donde fue acusado de conspiración para cometer lavado de dinero. En 2023 fue sentenciado a cinco años y diez meses de cárcel por estos delitos. Su carrera política, que lo llevó a ser diputado y senador, se vio truncada tras la llegada del Gobierno de Luis Arce, que considera la Administración de Áñez como un «golpe de Estado».
