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CNE Aprueba USD 59 Millones para Referendo de Noboa: Asamblea Constituyente en la Mira

El Consejo Nacional Electoral (CNE) dio luz verde este 25 de septiembre de 2025 al límite máximo de gasto electoral para el Referendo y la Consulta Popular, fijado en USD 59.783.375, con cuatro votos a favor del Pleno. Esta aprobación marca un paso clave en la organización del proceso del 16 de noviembre, donde los ecuatorianos se pronunciarán sobre la convocatoria a una Asamblea Constituyente impulsada por el presidente Daniel Noboa, junto a temas como la instalación de bases militares extranjeras y el financiamiento estatal a partidos políticos.

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La resolución unifica los comicios para optimizar recursos, declarando ya el inicio del período electoral y distribuyendo el presupuesto entre la Planta Central del CNE (USD 40,47 millones) y las delegaciones provinciales (USD 19,31 millones). Los rubros principales incluyen servicios de material electoral (USD 22,5 millones), logística y transporte (USD 12,8 millones), y campañas de difusión (USD 8,2 millones), según documentos oficiales. En Esmeraldas, se sumará una pregunta local sobre la creación del cantón Borbón.

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La presidenta del CNE, Diana Atamaint, había anticipado un monto cercano a los USD 59 millones, cifra ahora oficializada para garantizar un proceso transparente y eficiente. Esta iniciativa se enmarca en la estrategia de Noboa para reformas estructurales, en un contexto de tensiones sociales por el paro nacional contra el fin del subsidio al diésel, que ha generado bloqueos y detenciones (dato de referencia: Ministerio del Interior). El referendo podría redistribuir escaños provinciales en la Asamblea, fortaleciendo la representación en zonas rurales y urbanas (dato de referencia: análisis electoral del CNE).

Con este presupuesto, el CNE acelera la logística, incluyendo la impresión de boletas y el despliegue de juntas receptoras en 24 provincias. La oposición, como Revolución Ciudadana, cuestiona el costo en medio de la crisis económica, con pobreza al 28% (dato de referencia: INEC), pero el Gobierno defiende la necesidad de legitimar cambios constitucionales para abordar la inseguridad y la corrupción.

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