La asambleísta Mónica Palacios, del movimiento Revolución Ciudadana (RC), fue suspendida por 90 días sin sueldo. La decisión fue tomada por el Consejo de Administración Legislativa (CAL), que determinó que la legisladora cometió una «falta muy grave» durante una sesión de la Comisión de Biodiversidad.
La suspensión se deriva de una denuncia presentada por Nataly Morillo, asambleísta de ADN, quien acusó a Palacios de «alterar el orden» de la Comisión con gritos y la exhibición de carteles. En estos, Palacios vinculaba al presidente Daniel Noboa y a la primera dama Lavinia Valbonesi con un supuesto caso de tráfico de influencias relacionado con la minera canadiense Dundee Precious Metals.
Morillo argumentó que estas acciones no fueron una simple manifestación política, sino que constituían calumnias que afectaban la imagen de las autoridades y la credibilidad de la Asamblea. Para respaldar su acusación, la asambleísta de ADN presentó certificados del Servicio de Rentas Internas (SRI) y del Ministerio de Inclusión Social (MIES), documentos que, según ella, no muestran vínculos económicos o donaciones entre la pareja presidencial y la empresa minera. Morillo calificó el incidente como un «linchamiento mediático» contra el presidente y la primera dama.
En su defensa, Mónica Palacios sostuvo que actuó dentro del marco de sus atribuciones de fiscalización y negó haber utilizado un lenguaje ofensivo o violento. La legisladora, quien se identificó como madre lactante, denunció que el proceso vulnera sus derechos y calificó la sanción como un intento de limitar la libertad de expresión en el Parlamento.
Esta no es la primera sanción que recibe Palacios. En mayo de 2024 fue suspendida 60 días sin sueldo por un caso de acoso laboral, y en febrero de ese mismo año, recibió una amonestación escrita por un altercado con la entonces ministra de Gobierno, Mónica Palencia. La nueva suspensión reabre el debate sobre los límites de la fiscalización y la libertad de expresión en el hemiciclo legislativo.
