En el undécimo día del paro nacional convocado contra la eliminación del subsidio al diésel, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador (Conaie) se reunió este 2 de octubre de 2025 en Quito para definir acciones ante la escalada de protestas. Tras siete horas de deliberaciones con representantes de pueblos y comunidades, el presidente de la organización, Marlon Vargas, anunció seis resoluciones que reafirman la continuidad del paro y amplían sus demandas, incluyendo la defensa territorial, el rechazo al extractivismo y el fortalecimiento de salud y educación pública.
Las decisiones incluyen ratificar los puntos centrales del paro derogatoria del Decreto Ejecutivo 126, que elevó el diésel de USD 1.80 a USD 2.80 por galón, y la reducción del IVA del 15% al 12% , junto con el respeto a derechos colectivos y garantías para la resistencia. La Conaie exigió reparación para las víctimas del paro, especialmente la familia del comunero kichwa Efraín Fuérez, fallecido en Cotacachi por un impacto de bala durante enfrentamientos. También organizará asambleas territoriales en todas las provincias para impulsar el «No» en la Consulta Popular del 16 de noviembre, promovida por el Gobierno de Daniel Noboa, y coordinará con estudiantes, jubilados y profesionales para sostener la movilización.
Otras resoluciones establecen un corredor humanitario en zonas de protesta para medicinas y ambulancias, exhortan a organismos internacionales a vigilar derechos humanos, y crean una comisión de expresidentes de la Conaie para fortalecer el paro. Esta reunión ocurre en medio de tensiones internas, tras un comunicado de la Federación de Pueblos Kichwa de la Sierra Norte sobre una «tregua temporal» como gesto de diálogo, negado por comunidades de Imbabura.
El paro, iniciado el 22 de septiembre, ha dejado 90 detenidos, 17 investigados por terrorismo y bloqueos viales en la Sierra norte, con pérdidas millonarias en Imbabura (dato de referencia: ECU 911 y Ministerio del Interior). La Conaie insiste en la resistencia pacífica, mientras el Gobierno califica algunos actos como «terrorismo disfrazado», en un Ecuador con pobreza al 28% y alza en costos de vida (dato de referencia: INEC).
