La Fiscalía General del Estado (FGE) solicitó formalmente la audiencia de formulación de cargos en contra de las cinco personas detenidas tras el ataque a la caravana del presidente Daniel Noboa en El Tambo, Cañar, la tarde del martes 7 de octubre de 2025. Contrario a las denuncias iniciales de tentativa de asesinato y terrorismo presentadas por Ministros, la entidad a cargo del proceso penal imputará los delitos de ataque o resistencia en concurso real de infracciones con daño a bien ajeno. Estos delitos conllevan penas menores a las sugeridas por el Ejecutivo.
El incidente se registró cuando la caravana presidencial circulaba por el sector de El Tambo. Según el informe policial, comuneros que mantenían bloqueada la vía E35 con palos y piedras «emboscaron la caravana presidencial» al percatarse de su paso, procediendo a lanzar objetos que causaron daños a siete vehículos oficiales. Los daños documentados incluyen afectaciones en parabrisas, estructuras metálicas, ventanas destruidas y hundimientos por impacto de piedras.
Inmediatamente después del suceso, se produjo la detención de cinco personas: cuatro hombres, identificados como Jaime Arciviades G. G., Franklin Lorenzo P. P., José G. Ch., y Luis Humberto Y. G., y una mujer, María Ana Ch. Q.
Horas más tarde, la ministra de Energía, Inés Manzano, presentó ante la Fiscalía una denuncia por tentativa de asesinato contra el primer mandatario, un delito que en Ecuador se sanciona con penas de 10 a 13 años de cárcel. Por su parte, el ministro del Interior, John Reimberg, afirmó en redes sociales que los detenidos serían procesados por el delito de terrorismo.
Sin embargo, la fiscal del caso, Martha Villamarín, definió un rumbo legal distinto. La mañana del 8 de octubre, Villamarín solicitó a la jueza Erika Álvarez una audiencia para legalizar la detención e imputar cargos por ataque o resistencia (con penas de hasta dos años) y daño a bien ajeno (con hasta tres años de cárcel), en concurso real de infracciones.
Dato de Referencia: Un concurso real de infracciones implica que la persona ha cometido varios delitos independientes, por lo que las penas pueden sumarse hasta un máximo establecido por ley.
¿Hubo disparos? El informe policial lo descarta
Otro punto de divergencia se generó en torno a la posibilidad de disparos contra los vehículos. Aunque la ministra Manzano mencionó el martes 7 que los automotores habían sido blanco de disparos, los documentos iniciales del caso, basados en el relato policial del incidente, no lo confirman. El informe detalla que los daños fueron causados por objetos y piedras lanzadas por los manifestantes, afectando parabrisas y estructuras, pero sin mencionar impactos de bala.
Mientras se desarrolla la audiencia judicial, los cuatro hombres detenidos se encuentran recluidos en la Cárcel de Azogues, y la mujer en la Cárcel de Mujeres de Cuenca. La Unidad Judicial Multicompetente de El Tambo asignó el caso a la jueza Álvarez, quien preside el proceso iniciado a las 12:30 de este miércoles 8 de octubre, definiendo la situación legal de los presuntos responsables del incidente contra la caravana presidencial en Cañar.
