La bancada de la Revolución Ciudadana (RC) anunció la presentación de un proyecto de ley con el objetivo central de impedir el anonimato en el accionar de la fuerza pública durante manifestaciones. El proyecto, denominado “Ley de Derechos Humanos”, surge como respuesta directa a las numerosas denuncias de abusos y violaciones documentadas en el contexto de los 24 días del Paro Nacional, con un registro de más de 300 presuntas vulneraciones a los derechos humanos. Los legisladores buscan obligar a policías y militares a actuar plenamente identificados para garantizar la rendición de cuentas.
El asambleísta Roque Ordóñez (RC), miembro de la Comisión de Garantías Constitucionales, explicó que la iniciativa es una medida necesaria para contener los abusos de autoridad y las acciones «fuera de la ley» cometidas por ciertos miembros de la fuerza pública. La necesidad de esta ley se enmarca en un panorama sombrío, que incluye:
- Más de 300 vulneraciones a los derechos humanos.
- Más de 100 personas detenidas.
- 13 acusaciones por el delito de terrorismo.
- El fallecimiento de tres personas en las protestas de Imbabura (Efraín Fuérez, Rosa Elena Paqui y José Guamán).
El legislador Ordóñez cuestionó la distribución de efectivos, señalando el despliegue de más de 7.000 efectivos en zonas rurales e indígenas donde se desarrollan las protestas, mientras las ciudades de alto riesgo sufren altos índices de violencia e inseguridad. «No podemos permitir que quienes deberían garantizar seguridad estén desplegados en comunidades con protestas», sentenció.
Marco Legal Contra Abusos y Recurso Internacional
Por su parte, el asambleísta Héctor Rodríguez (RC) confirmó que el proyecto normativo será notificado a la Defensoría del Pueblo y a organismos internacionales clave, como la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), buscando conocimiento y seguimiento internacional. Rodríguez subrayó que el fin último de la ley es establecer un marco legal que impida ejecuciones extrajudiciales y abusos de autoridad en el manejo de movilizaciones sociales.
Los asambleístas de RC también denunciaron estar sufriendo amenazas y presiones políticas que buscan obstaculizar su labor de fiscalización, por lo que conformaron un grupo parlamentario independiente para supervisar las acciones policiales y militares. El mensaje es contundente: “Queremos que ningún miembro de la Policía o las Fuerzas Armadas actúe sin estar plenamente identificado. No más anonimato en el ejercicio de la fuerza pública. No más violencia”.
Llamado al Diálogo y Cuestionamiento a la Represión
Finalmente, los legisladores hicieron un llamado directo al presidente Daniel Noboa para que inicie de inmediato un proceso de diálogo nacional. Además, rechazaron enfáticamente la actuación de las fuerzas del orden en Imbabura, señalando que el «convoy humanitario transgredió protocolos de derecho humanitario internacional», un motivo adicional para solicitar la ayuda internacional y la instalación de una mesa de diálogo inmediata.
