La viceprefecta de Imbabura, Paolina Vercoutère Quinche, elevó una denuncia de carácter urgente ante el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, Albert Barume. En una misiva oficial, fechada el 14 de octubre de 2025, Vercoutère alertó sobre una «alarmante escalada de represión» y violaciones sistemáticas a los derechos humanos contra comunidades y líderes indígenas de la Sierra Norte de Ecuador en el contexto del Paro Nacional. La denuncia incluye el uso desmedido de la fuerza, detenciones arbitrarias y persecución judicial.
La autoridad provincial documentó ante el organismo internacional una serie de graves violaciones. Según la carta, se ha evidenciado el «uso desmedido e indiscriminado de la fuerza pública» contra manifestantes que ejercen el derecho constitucional a la resistencia. Las cifras reportadas por la viceprefecta reflejan la gravedad de la situación a nivel nacional:
- 112 personas detenidas (ocho de ellas sin orden judicial).
- 107 personas heridas.
- 144 personas desaparecidas temporalmente.
- 33 casos de detenciones arbitrarias documentadas en comunidades indígenas y rurales.
Adicionalmente, Vercoutère denunció el caso particular de Efraín Fuérez, un comunero que, según la misiva, habría sido víctima de una ejecución extrajudicial.
Persecución Política y Congelamiento de Cuentas
Más allá de la violencia física, la viceprefecta alertó sobre una estrategia de persecución judicial y política dirigida contra el liderazgo indígena. Denunció el congelamiento de cuentas bancarias y la apertura de procesos judiciales, lo que, a su juicio, busca “desmovilizar a las organizaciones comunitarias y criminalizar el liderazgo social e indígena”. En un ejemplo de la afectación personal, Vercoutère señaló que incluso sus propias cuentas personales fueron bloqueadas, poniendo en riesgo el sustento de sus hijos.
Petición Urgente a la ONU
La viceprefecta reafirmó su compromiso con la paz, pero insistió en que no puede guardar silencio ante la “violencia institucional, la militarización de los territorios y el asedio a nuestras comunidades”. Sus peticiones al Relator Albert Barume y al Consejo de Derechos Humanos de la ONU incluyen:
- Una visita urgente al Ecuador, con especial foco en la provincia de Imbabura, para verificar las violaciones en terreno.
- Exhortar al Gobierno ecuatoriano a cesar el uso desproporcionado de la fuerza y la criminalización del movimiento indígena.
- Requerir información oficial sobre las personas detenidas, heridas y desaparecidas.
Como medida de seguimiento y protección, la viceprefecta propuso a la ONU el establecimiento de una misión internacional de observación y monitoreo y que la situación de los pueblos indígenas del Ecuador sea incluida en la agenda del Consejo de Derechos Humanos, dada la «vulnerabilidad y riesgo actual» que enfrentan sus comunidades.
