Uno de los casos más complejos que exponen la supuesta infiltración del crimen organizado en las Fuerzas Armadas (FF.AA.) entra en fase decisiva. El juicio por actividad ilícita de recursos mineros se reanudará el próximo 2 de diciembre de 2025, con el llamado a testificar de parte de la cúpula militar reciente, incluyendo a excomandantes del Ejército y jefes de la Casa Militar de la Presidencia. El caso gira en torno al teniente coronel Mauricio Mishely Granda A. y su equipo del Grupo Especial de Comandos GEK 9, detenidos en un convoy con cerca de media tonelada de material aurífero en Imbabura.
Mauricio Mishely Granda A., exdirector de Planificación y Gestión Estratégica en la Casa Militar de la Presidencia y comandante del GEK 9, fue detenido en agosto de 2024. La Fiscalía busca demostrar que una operación militar fue usada como fachada para el tráfico de oro ilegal desde la zona de conflicto de Buenos Aires, Imbabura, un territorio conocido por la influencia operativa de Los Lobos y disidencias de las FARC.
El alto perfil del acusado y la naturaleza de la operación han llevado a la justicia a citar a siete testigos uniformados para el 2 de diciembre. Entre ellos destacan:
- General Edwin Adatty: Comandante del Ejército (2023-2024).
- General Milton Rodríguez: Jefe de la Casa Militar de la Presidencia (hasta noviembre de 2025).
La presencia de estos generales es crucial para determinar si existía alguna directriz oficial que avalara la presencia y operación de Mishely Granda A. en Buenos Aires, una zona clave de minería ilegal.
Los hechos se remontan a la madrugada del 26 de agosto de 2024, en Buenos Aires, cantón Urcuquí (Imbabura). Una alerta anónima informó sobre tres camiones pesados cargados con material aurífero y escoltados por una camioneta doble cabina plateada sin placas.
Al ser interceptado por la Policía, el teniente coronel Mauricio G. se identificó como comandante del GEK 9. Su justificación fue que realizaban un «operativo de impacto» persiguiendo un «objetivo de alto valor» y que estaban trasladando material que había sido decomisado.
La versión fue rápidamente desmentida:
- No existía reporte de operativos militares autorizados en la zona (ECU-911).
- No había orden de servicio registrada en la Unidad de Investigación de Delitos Mineros (Un-Idcan).
- La unidad militar local (GCM 36 Yaguachi) no tenía conocimiento de la operación del GEK 9 en su territorio.
Además, los tres camiones transportaban un total de 516 sacos de material mineralizado y en el tercer camión viajaban seis extranjeros y un ecuatoriano que confesaron haber sido contratados para la carga.
En su defensa, el oficial Mishely Granda A. argumentó que su operación no era delictiva sino de inteligencia, y que rastreaban a un cabecilla conocido como alias ‘Loco Toco’. El oficial sostuvo que el oro incautado tenía un fin específico y letal: la compra de armamento para dotar a la banda criminal Los Lobos en la provincia de Esmeraldas.
A pesar de que los militares fueron desvinculados de las FF.AA. tras la detención y se han defendido fuera de prisión, la Fiscalía mantiene la acusación por actividad ilícita de recursos mineros y el juicio del 2 de diciembre buscará esclarecer la supuesta trama de corrupción y narcotráfico en el corazón de las FF.AA.
