La justicia ecuatoriana dictó la pena máxima contra Andreína Lamota, de 32 años, tras hallarla culpable del asesinato de su madre, Martha Solís. El Tribunal de Garantías Penales notificó la sentencia de 40 años de privación de libertad el pasado 20 de febrero de 2026, tras tres días de una audiencia de juicio que reveló detalles escalofriantes sobre la planificación y frialdad con la que se ejecutó el crimen en el sector de Sauces 9, al norte de Guayaquil.
El macabro hallazgo en Sauces 9
El caso se remonta a octubre de 2025, cuando Martha Solís fue reportada como desaparecida. Tras detectar inconsistencias en las declaraciones de Lamota, la Policía Nacional inspeccionó el departamento que ambas compartían. En el inmueble, los agentes hallaron los restos desmembrados de la víctima ocultos en fundas con sal, depositados dentro de una lavadora y un tacho plástico azul.
Aunque inicialmente Lamota confesó el crimen ante los agentes, durante el proceso judicial se acogió al derecho al silencio. Sin embargo, las pruebas técnicas y testimoniales presentadas por la Fiscalía fueron contundentes para demostrar la autoría y la alevosía del hecho.
Planificación digital: Búsquedas que delataron el crimen
Uno de los pilares de la sentencia fue el peritaje informático realizado a la computadora y teléfonos de la procesada. Los registros de búsqueda en internet, realizados entre el 1 y el 12 de octubre de 2025 (días antes y después del crimen), revelaron un plan meticuloso:
- Métodos de asesinato: Consultó cómo asfixiar a una persona con una funda y el uso de fármacos para causar somnolencia o la muerte.
- Ocultamiento del cadáver: Buscó cómo quitar el olor a un muerto, el uso de sal para preservar o desintegrar restos, y el manejo de químicos como carbonato de calcio.
- Desmembramiento: Adquirió un cuchillo eléctrico y una amoladora a través de redes sociales; herramientas que, según Criminalística, fueron utilizadas para desmembrar el cuerpo.
- Eliminación de rastros: Investigó cómo quitar el olor de cadáveres, el uso de sal para desintegrar huesos y los horarios de los camiones de basura. Incluso buscó máscaras realistas de silicona y sustancias como carbonato de calcio.
- Evasión de la justicia: Investigó si un teléfono se puede rastrear por IMEI estando apagado, rutas de camiones de basura en Guayaquil, cómo fingir un secuestro y las penas por homicidio en el país.
Suplantación de identidad y engaño a la Policía
Tras el asesinato, Andreína utilizó el teléfono de su madre para enviar mensajes a familiares, fingiendo que Martha estaba escondida por deudas de hasta USD 15.000 con peligrosos reclusos. La joven incluso se disfrazó para aparecer en cámaras de seguridad de Guayaquil, intentando simular que su madre seguía con vida y se desplazaba por sectores como el Guasmo y la Alborada.
Sin embargo, el engaño se desmoronó cuando la expareja de Martha reconoció a Andreína en los videos. Al verse acorralada, la joven envió mensajes al celular de su madre fallecida preguntando: «Mamá, ¿dónde estás?», mientras estaba frente a los agentes de policía, en un intento desesperado por demostrar su inocencia.
El hallazgo en la lavandería
La inspección en el departamento de Sauces 9 reveló la verdadera magnitud del horror. Los agentes detectaron un olor putrefacto que emanaba del área de lavandería. Dentro de una lavadora, una secadora y un tacho plástico azul, hallaron fundas de diferentes colores que contenían los restos desmembrados y órganos de Martha Solís, cubiertos con grandes cantidades de sal. La autopsia confirmó que la causa de muerte fue asfixia por sofocación, seguida del desmembramiento.
Pruebas y testimonios
La Fiscalía presentó además el testimonio de un médico psiquiatra y de agentes especializados de la Dinased y Criminalística. Las evidencias demostraron que Lamota incluso buscó adquirir máscaras realistas de silicona, presuntamente para suplantar identidades o evadir la vigilancia.
La frialdad del testimonio policial y el análisis de los dispositivos electrónicos confirmaron que no se trató de un acto impulsivo, sino de un asesinato planificado con antelación, lo que llevó a los magistrados a imponer la pena máxima permitida en la legislación ecuatoriana.
