Este lunes 23 de marzo de 2026, un fallo judicial ha sacudido la estructura del Consejo de la Judicatura (CJ). La jueza Viviana Pila aceptó una acción de habeas data a favor de Alexandra Villacís, vocal suplente del organismo, ordenando al Ministerio del Trabajo corregir un impedimento para ejercer cargo público que pesaba en su contra por una supuesta deuda con el SRI.
El origen del conflicto: Una «traba» administrativa
El impedimento registrado por el Ministerio del Trabajo fue la pieza clave que evitó que Villacís asumiera la presidencia del CJ en dos momentos críticos:
- 9 de febrero de 2026: Cuando el entonces presidente Mario Godoy solicitó licencia sin sueldo.
- 18 de febrero de 2026: Tras la destitución definitiva de Godoy por parte de la Asamblea Nacional.
Ante este registro, la Judicatura declaró vacante su vocalía, permitiendo que el Consejo de Participación Ciudadana (CPCCS) iniciara un nuevo proceso de designación. Villacís denunció esto como una maniobra política: «Hoy ganó la verdad. Nunca hubo un impedimento real», celebró en sus redes sociales tras conocer el fallo.
Pugna por la sucesión constitucional
Según la Constitución, la Judicatura debe ser presidida por el representante de la Corte Nacional de Justicia. Al ser Villacís la suplente de Godoy, la ley le otorga el derecho de sucesión. Sin embargo, actualmente el organismo es presidido de forma interina por Damián Larco, exdirector del SRI y delegado del presidente Daniel Noboa.
Incertidumbre en el CPCCS
La sentencia de la jueza Pila pone en jaque el actual proceso de selección que lleva adelante el CPCCS para reemplazar a Godoy. Hasta el cierre de esta edición, ni la Judicatura ni el Consejo de Participación se han pronunciado sobre si acatarán el fallo de forma inmediata, permitiendo que Villacís asuma la titularidad, o si apelarán la decisión para mantener a Larco a la cabeza del máximo órgano administrativo de la justicia.
